La media página en donde publicaba su columna el periodista Francisco "Pancho" Pérez en el diario El Carabobeño sigue siendo publicada, pero en blanco y con la leyenda "Censurado por decir la verdad".

Como trascendió en su oportunidad, el respetado periodista señaló que el alcalde de Valencia, Edgardo Parra, del PSUV, mantiene a personas ligadas a su entorno familiar en cargos públicos municipales de alto rango. En lugar de desmentirlo, el alcalde se consideró ofendido y presentó el asunto a los tribunales penales. El juez de primera instancia Toredit Alfredo Rojas dictó sentencia en la que encontró culpable al periodista, lo sentenció a casi cuatro años de prisión, a pagar una multa y, además de inhabilitarlo políticamente, lo condenó a no ejercer el periodismo por tres años.

La sentencia es a todas luces contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado ratificado y vinculante para Venezuela. En una sociedad democrática, el derecho penal no debe utilizarse para castigar a periodistas por emitir opinión o difundir información sobre asuntos de interés público. Las sanciones impuestas al periodista Pérez son claramente antidemocráticas, y tienen un evidente propósito intimidatorio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado desde hace años que la utilización del poder coactivo para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla se presta al abuso, "con lo cual se restringe un debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas". La figura del vilipendio es incompatible con el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y con el "propósito fundamental de la Convención Americana de proteger y garantizar la forma pluralista y democrática de vida".

La sentencia en contra del periodista Pancho Pérez no lo afecta únicamente a él, sino también a El Carabobeño y a toda la colectividad local y nacional que se ve privada de la posibilidad de acceder a la opinión de dicho comunicador y a la información que él difundía sobre asuntos públicos.

En contraste, la reacción de El Carabobeño de publicar la columna en blanco con la mencionada leyenda es un recordatorio diario y pacífico a la opinión pública del grosero y generalizado abuso de poder con que se pretende acallar en Venezuela la crítica y la información desagradable a los funcionarios públicos.

La semana pasada estuve en Valencia, y diversas personas me comentaron que el alcalde se encuentra ahora disgustado por tal columna en blanco, precisamente por el recordatorio que contiene, y que quiere que se interrumpa su publicación.

Se trata de una situación insólita. En los últimos años diversos países de las américas han derogado sus leyes retrógradas de vilipendio, por darse cuenta que los funcionarios públicos, justamente por las funciones que ejercen, están sujetos a un mayor escrutinio público y tienen en consecuencia un umbral menor de protección respecto a la opinión e información que se publica sobre su gestión. En Venezuela, sin embargo, hasta la publicación de una columna en blanco molesta al señor alcalde.

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