La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión a un año del inconstitucional cierre de 34 emisoras independientes en Venezuela por parte del Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías, a través del para entonces Ministro de Obras Públicas Diosdado Cabello, insiste en su enérgico rechazo a esta antidemocrática intervención y exige la restitución de las garantías a la Libertad individual y específicamente a la Libertad de Pensamiento y Expresión en Venezuela.

Con el cierre de estas 34 emisoras se violó el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, el Derecho a la Libertad de Expresión, el Derecho que tienen todos los ciudadanos a una Comunicación Plural, el Derecho a ser informados. Además, centenares de trabajadores quedaron desempleados. Esta acción arbitraria e ilegal dejó en absoluta indefensión a operadores, periodistas, locutores, productores independientes, dueños de medios y a todos los venezolanos. Esto fue un pase de factura a los Medios que se colocaron del lado del ciudadano y de sus problemas. El Gobierno impidió que se siguiera denunciando por estas emisoras la corrupción, la inseguridad, el alto costo de la vida, el desempleo y todo problema que afecte a los ciudadanos.

Este hecho sigue sin tener precedente a nivel internacional y viola igualmente Tratados y Acuerdos suscritos por la República en materia de Derechos Humanos, lo que constituye una violación más a la Constitución. La actual ausencia de separación de poderes coloca en situación de indefensión a los venezolanos, no obstante, la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión continua esperando que se haga Justicia.

Hoy en Venezuela hay más pobreza, más corrupción, más violencia, más desorden y más impunidad que hace un año. Sin embargo, el Gobierno parece exponer un logro, a saber, haber apagado arbitrariamente 34 emisoras que le permitían a la gente saber lo que pasa y denunciar lo que les molesta. No obstante, los ciudadanos siguen sufriendo con mayor intensidad por lo que acontece y sin duda se sienten agraviados porque la han pretendido acallar. Éste, como cualquier Gobierno, tiene la obligación de servir a su Pueblo y no a sus propios intereses.