El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisará la legalidad del procedimiento administrativo que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le abrió a Globovisión por difundir unos avisos publicitarios contra el proyecto de Ley de Propiedad Social, los cuales eran pagados por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) y otras organizaciones civiles.

El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del máximo juzgado no halló ningún motivo para desechar la acción de nulidad interpuesta por los representantes de la televisora y por eso le dio luz verde.

Conatel acusaba a Globovisión, así como a otras televisoras y estaciones de radio, de violar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley de Contenidos) por emitir las publicidades que la organización financió contra el proyecto de Ley de Propiedad Social.

En específico el organismo que administra el espectro radioeléctrico señaló que la campaña "En defensa de la propiedad privada" podría "promover, hacer apología o incitar a la guerra; promover, hacer apología o incitar a alteraciones de orden público; promover, hacer apología o incitar al delito; ser discriminatoria, promover la intolerancia religiosa; ser contrarios a la seguridad de la Nación o ser anónimos".

Este es el segundo caso relacionado con estos avisos que el máximo juzgado del país ha admitido en las últimas semanas. El pasado 9 de julio la Sala Político Administrativa aceptó conocer el recurso de nulidad que los representantes de Cedice interpusieron ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa contra la medida gubernamental que en julio de 2009 prohibió la difusión de sus publicidades.

Organizaciones internacionales y nacionales de Derechos Humanos cuestionaron en su momento la decisión de Conatel, por considerar que la misma representaba una violación del derecho a la libertad de expresión y suponía un caso flagrante de censura previa.

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