Por considerarla contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la Coalición Pro Acceso a la Información Pública rechazó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declaró confidenciales los sueldos de los funcionarios públicos y que estableció que los ciudadanos que deseen datos y estadísticas en poder de los organismos del Estado deben explicar los motivos por los cuales desean esa información y en qué la utilizarán.

En un comunicado de prensa, la alianza afirmó que el pronunciamiento "constituye un retroceso en materia de acceso a la información, desvinculándose de los postulados constitucionales que garantizan la participación ciudadana en la gestión y transparencia en la administración pública".

La coalición que agrupa a varias ONG recordó que Venezuela es uno de los países donde no se ha aprobado una ley para facilitarles a los ciudadanos hacerse con los datos que maneja la administración y que, por el contrario, ha adoptado medidas para restringir más la difusión de informaciones. Como prueba de esto último mencionó la creación de Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna), organismo que deberá centralizar toda la data producida por los entes del Estado y que decidirá qué se publica y qué no.