"Llegó la hora. Estamos realizando esta convocatoria a profesores, empleados, obreros y estudiantes en un contexto político que asume la participación en la construcción del proyecto país y del socialismo bolivariano". Así decretó, el 21 de mayo, el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Edgardo Ramírez, la "constituyente universitaria".

El anuncio ministerial fue el resultado de la toma del Rectorado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) por estudiantes oficialistas. Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, María de Queipo, amenazó con solicitar la intervención por incumplir la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Ambas posturas enrarecen, aun más, la tensa relación de los rectores con el Ejecutivo, matizada por ataques verbales, que ha obturado el diálogo para alcanzar acuerdos sobre el presupuesto y la admisión.

La docente de LUZ y presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela (Fapuv), Lourdes Ramírez de Viloria, considera que la declaratoria del ministro y la amenaza de la diputada son parte de un todo. "No se trata solo de palabras, el Gobierno está avanzando en su proyecto de destruir las instituciones sin importar si tiene o no el apoyo de profesores y estudiantes. La división de la Unellez es prueba de la violación de la autonomía bajo el pretexto de una constituyente. La negativa de cancelar las deudas es para desmotivar la carrera docente y la investigación, no les importa la universidad".

Control político

Luis Fuenmayor Toro, ex rector de la UCV y ex director de la OPSU, observa que el peligro no está en la constituyente, que "es una vieja propuesta", sino en las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia para suspender las elecciones en la UPEL y en la UCLA, "esto para que se realicen de acuerdo con la LOE, pero el Gobierno no aprueba los reglamentos, y entonces pretende castigar a las universidades", analizó.

Según Toro, detrás de estos anuncios se busca esconder el fracaso. "No existe ningún plan para la educación universitaria distinto de decir que se tienen más de 2 millones de cursantes. Solo se habla de cursantes, no se sabe cuántos egresados producen estos cursantes".

Una opinión distinta expresa Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Empleados de la UCV, quien considera que con la constituyente se busca "desburocratizar" el gobierno universitario y darle participación a empleados y obreros. "Nosotros tenemos derecho a participar en la distribución, ejecución y control del presupuesto, así como en el diseño de las políticas académicas".

Si bien admite que las universidades requieren profundos cambios, Eleazar Narváez, ex vicerrector académico de la UCV, precisa que deben darse respetando la autonomía, y denuncia que el Gobierno busca una excusa para tener el control: "No le interesa que nuestras universidades autónomas eleven su nivel académico, sino que sean incondicionales y se identifiquen con el proyecto que ellos impulsan para implantar el pensamiento único en todos los espacios de la sociedad", subrayó.

Para el profesor de la UCV Tony Chacón, la constituyente es más una máscara para controlar la elección de las autoridades que una medida para resolver los problemas.

Ejemplo de esa realidad, arguye Chacón, es la Unellez, "que siendo referencia nacional en investigación agropecuaria fue convertida en un liceo. En el caso de la Unefa, un alto porcentaje de profesores son contratados, y no investigan".

Ante los anuncios oficiales, solo resta esperar que se concreten la "constituyente" y la "intervención".