27 de junio. Tal día como hoy hace 192 años el Libertador Simón Bolívar creaba el Correo del Orinoco y para conmemorar el hecho se escogió esta fecha para celebrar el día del periodista venezolano. Sin embargo, en los últimos años han sido pocos los motivos para festejar y este, a todas luces, no será la excepción.

La reciente condena a casi cuatro años de cárcel, la inhabilitación política y profesional; y la multa por casi 82 mil bolívares fuertes impuesta al columnista del diario El Carabobeño, Francisco Pérez, quien denunció irregularidades en la Alcaldía de Valencia y por ello fue hallado culpable de "ofensa a funcionario público e injuria contra persona encargada de servicio público"; así como las amenazas recibidas por el fotógrafo del diario falconiano La Mañana, Yunior Lugo, quien captó imágenes de la destrucción de comida dañada, son claros ejemplos de los riesgos que deben confrontar los comunicadores sociales que ejercen su profesión en el país.

"En Venezuela hay un proceso de restricción abierta de la libertad de expresión. Ya no hay disimulo. Hoy por hoy el Estado asume abiertamente que quiere silenciar la crítica, por supuesto aún hay algunos gestos políticos como por ejemplo perseguir a Guillermo Zuloaga (presidente de Globovisión) por un supuesto acaparamiento de carros", denunció el coordinador de Espacio Público, Carlos Correa.

El activista pro derechos humanos advirtió que la situación se ha agravado en los últimos dos años, pues "antes los procesos contra medios de comunicación y periodistas eran por razones administrativas o por delitos que nada tenían que ver con su ejercicio, pero ahora vemos que estamos avanzando hacia penalizaciones directas vinculadas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión".

Correa señaló que la situación no solo afecta a comunicadores sino también a ciudadanos y puso como ejemplo de ello el proceso abierto contra el ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz, por unas declaraciones críticas hacia el Gobierno que ofreció a una televisora.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz, acusó al Gobierno de querer "aplanar" al periodismo de denuncia o que dé cabida a las voces disidentes. "Muestra de ello es que tenemos un canal que ha sido cerrado dos veces, tenemos 32 emisoras de radio fuera del aire y una persecución contra los empresarios que publicitan en los diarios", agregó.

El cerco se extiende

Además de los procesos judiciales, el coordinador de Espacio Público señaló como otros obstáculos importantes para el ejercicio del periodismo a las restricciones al acceso a la información pública y a la discrecionalidad con la que los organismos públicos asignan la publicidad oficial.

"Los problemas para acceder a la información pública conspiran contra la profesión, pues en la medida en que buena parte del trabajo del reportero se reduce a conseguir información, entonces se reduce el tiempo para analizar los datos y para construir un relato lo más atinado posible", agregó Correa.

En similares términos se pronunció el secretario del SNTP, quien fustigó la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna), organismo que se encargará de centralizar la data producida por los entes públicos y de decidir qué se difunde y qué no, por considerar que complicará aún más la labor de los comunicadores y reducirá las posibilidades de que los ciudadanos se enteren de lo que hacen sus gobernantes con sus impuestos.

Por las razones antes mencionadas, Ruiz anunció que en los próximos días interpondrán ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda contra el decreto presidencial que creó el polémico organismo.

Por último, Correa indicó que el hecho de que la publicidad oficial se utilice como instrumento de premio o castigo, aunado a los efectos que la devaluación está teniendo en las empresas comunicacionales, sobre todo las editoriales, "está haciendo más difícil tener medios con cierto grado de independencia".