Estamos en estos años, por primera vez en la historia petrolera del país, sometidos a una acción gubernamental con objetivos contrarios a los que asumió como suyos la Venezuela contemporánea. La fortuna petrolera está siendo usada con fines ajenos a valores y aspiraciones económicas, sociales o culturales de las mayorías, por una minoría que ejerce el poder en forma excesiva respecto a su débil entidad conceptual y operativa. En lugar de consolidar, desconstruye al Estado; en lugar de invertir en infraestructura civil, la abandona en favor del armamentismo; y en lugar de disminuir la vulnerabilidad exportadora y financiera, extrema la relación de dependencia con el petróleo y la deuda.

En los últimos casi 100 años, los gobiernos venezolanos se plantearon el uso de la riqueza petrolera para diversificar la economía y promover el mejoramiento social. Con diferentes enfoques y énfasis, desde Gómez hasta la última presidencia de Caldera, la visión fue consolidar al Estado, construir planta física, y crear un marco favorable al crecimiento de la producción y el empleo. Modernizar al país, sacarlo de su condición de sociedad tradicional y colocarlo en el plano de una creciente autonomía en el ámbito internacional, se hizo misión nacional.

Durante ese largo tiempo, el poder petrolero fue ejercido mayormente dentro de límites marcados por una básica convivencia en lo interno y externo. Venezuela fue durante mucho tiempo el único gran exportador mundial de petróleo cuyo Estado funcionaba democráticamente. Esta condición democrática representó una garantía contra los extremismos en el ejercicio del enorme poder financiero y político conferido por la renta petrolera. Y mientras prevaleció el ethos democrático, fue posible avanzar también en el desarrollo de instituciones políticas y económicas, con reformas trascendentales como la descentralización del Gobierno y el mejor uso del mercado como instrumento para asignar y distribuir recursos.

El manejo del poder petrolero se inspira hoy en ideas totalmente contrarias a la descentralización, al mercado, y al ethos democrático que rigió su ejercicio en épocas pasadas. Las consecuencias son terribles. La calidad de la convivencia se ha desplomado en lo nacional e internacional. Lo mismo ocurre con el nivel de vida, la producción, el consumo y la inversión. Cuesta asimilar que este poder se aplique para destruir capacidad productiva y empleo, acosar sindicatos y sindicalistas, empresas y empresarios, universidades, gobiernos regionales y locales, medios de comunicación, partidos y dirigentes. O para azuzar conflictos mundiales en cuanta oportunidad surja, llámese Medio Oriente, ONU, OEA, energía nuclear o cambio climático.

La ciudadanía tiene que encararse con las terribles perspectivas encarnadas por este régimen minoritario. El voto es su herramienta para defenderse del poder excesivo y recuperar una Asamblea Nacional que verdaderamente represente la pluralidad de la población. Con esta finalidad, los dirigentes opositores, disidentes, ni-ni o cualquier otra etiqueta, deben entender que entre todos son realmente LA OPOSICIÓN democrática y, como tales, deben prepararse para, entre todos, dar un vuelco democrático. Lo que implica elaborar una visión alternativa para el ejercicio del poder petrolero y entenderse entre ellos.

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