Una de las buenas noticias para la administración de Barack Obama recientemente fue el informe del Iberobarómetro de 2010 conducido por CIMA, un consorcio de compañías de investigación latinoamericanas y españolas. A pesar de la caída de popularidad del Presidente entre muchos sectores de la población de Estados Unidos, Obama genera un alto grado de simpatía en el hemisferio. De acuerdo al estudio, es el jefe de Estado más popular en las Américas. Más aún, los líderes que representan los principales desafíos a la visión de Obama en la región, -los llamados socialistas del siglo XXI-, son los más impopulares.

En vez de construir sobre esta imagen positiva, la administración de Obama ha fallado en innovar y cumplir con las promesas de multilateralismo y cooperación hechas en abril de 2009 en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. Con excepción de los recientes viajes simbólicos de buena voluntad de la Secretaria Clinton, Estados Unidos ha recurrido a los mismos viejos instrumentos de política paternalista e ineficaz del pasado.

Y en una clara demostración de que no estamos dispuestos a colaborar con la región, el Departamento de Estado continúa publicando sus certificaciones anuales sobre las drogas, la trata de personas, y los derechos humanos, las cuales conllevan amenazas de acciones punitivas, como la suspensión de la asistencia de EEUU.

Más aún, esos instrumentos están siendo utilizados para castigar a gobiernos, como el de República Dominicana, que están haciendo todo lo posible para construir un hemisferio más amable y ser buenos amigos de Estados Unidos. El problema no es solo que estos son viejos instrumentos políticos; el problema es que éstos sencillamente nunca funcionaron. Al contrario, exacerbaron las tensiones regionales y estropearon la posibilidad de construir una seria cooperación multilateral.

La única diferencia es que estamos pidiendo a los países que están profundamente afectados por actividades ilícitas -en gran parte producto de nuestro apetito insaciable por las drogas- a hacer los mismos esfuerzos, pero con menos recursos. Y nos sorprendemos cuando las cosas parecen estar empeorando.

Hemos criticado desde hace mucho tiempo estos procesos de certificación, principalmente porque metodológicamente son instrumentos de evaluación defectuosos, pero también porque revelan una profunda hipocresía que ofende a nuestros vecinos de América Latina y el Caribe.

Los rituales de certificación unilateral revelan no sólo que la política de Estados Unidos hacia la región sigue siendo paternalista y que la posibilidad de una asociación real se ve disminuida por la decisión de Estados Unidos de ser a la vez Juez y Parte en las cuestiones más graves que afectan a nuestros vecinos.

La administración de Obama podría empezar por someter a Estados Unidos a algún tipo de evaluación externa de la forma en que se han manejado asuntos como la delincuencia organizada, los derechos humanos, el tráfico y consumo de drogas, y finalmente el tráfico y la trata de personas.

Imaginemos por un momento que cada año los líderes de América Latina y el Caribe expidieran una certificación sobre el comportamiento de Estados Unidos en los temas que ellos certifican a los demás. Y digamos que nuestros vecinos desarrollaran un mecanismo de sanciones que van desde negarse a vender los recursos naturales, hasta no votar con EEUU en los principales foros internacionales.

El primer informe podría señalar que no sólo estamos siendo la nación de mayor consumo de drogas en el mundo, sino ahora también el primer productor mundial de marihuana y anfetaminas. También podría resaltar los esfuerzos insignificantes que están haciendo para detener el flujo de armas hacia México que están alimentando la violencia en ese país.

En materia de derechos humanos podrían condenar a Estados Unidos por mantener la prisión de Guantánamo, donde las violaciones a derechos humanos han sido ampliamente documentadas, a pesar de las repetidas promesas de no hacerlo. O podrían resaltar la ley de inmigración de Arizona que es claramente discriminatoria y viola el principio universal de presunción de inocencia. Y podrían concluir resaltando la inmensa industria de sexo que existe en el país y que tiene vínculos estrechos con el crimen organizado.

Nuestra sugerencia parece tan ridícula como los reportes anuales que hemos descrito. Los estadounidenses podrían reaccionar con similares sentimientos nacionalistas y criticarían la hipocresía de países productores de drogas en emitir juicios sobre aspectos en que son tanto víctimas como victimarios.

Es hora de que la administración de Obama actúe en cumplimiento de sus promesas hechas en Trinidad y Tobago hace más de un año, en el sentido de crear una verdadera sociedad basada en la confianza y el multilateralismo para lidiar con estos temas que afligen a cada una de las naciones de nuestro hemisferio. Dejar las certificaciones, evitar las prédicas moralistas del Departamento de Estado y funcionarios de las embajadas, y ponerse en la tarea real de construir serios esfuerzos multilaterales para combatir la delincuencia organizada, que es el único verdadero enemigo común que tenemos en el hemisferio.

Director y consultora senior de Newlink Research
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