La Fiscalía General de la República designó al fiscal 25 con competencia nacional, Pedro Buitrago, para procesar las dudas que se tejen sobre el destino de los más de 400 millones de dólares, que recibió la Corporación Venezolana de Guayana por unos contratos de venta de aluminio a futuro.

Manuel Díaz, ex diputado por el Movimiento Quinta República y presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de la Industria Venezolana del Aluminio, Venalum, solicitó el pasado 29 de abril una investigación sobre el tema y esta semana lo llamaron para informarle que su solicitud había sido aceptada.

El Ministerio Público acusó recibo y lo convocó otra vez con el objetivo de que declare sobre la cuenta bancaria de la Corporación Venezolana de Guayana, que apareció en la sucursal libanesa del poderoso Gazprombank de Rusia.

"Esta cuenta no tenía ningún control previo, firmaba el ex ministro así como su asesor", sostuvo Díaz en el documento que hace más de un mes consignó ante el Ministerio Público.

"Los compradores a futuro transfirieron por instrucciones del ex ministro Rodolfo Sanz los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax", agregó.

Ese fax desencadenó la investigación que acaba de recibir el Ministerio Público. El ex ministro de Industrias Básicas y Minería Rodolfo Sanz advierte, sin embargo, que no conocía ese documento: "En la denuncia meten un fax y yo no tengo que ver con eso".

"Pregúntenle a Alejandro Betancourt, que es uno de los representantes de Gazprombank en Venezuela, con quienes nos relacionamos para montar las operaciones financieras", señala. "Lo buscan y le preguntan: 'Mira, ¿este fax es tuyo?'".