El informe de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó 113 recomendaciones técnicas para mejorar la lucha anticorrupción en el país. Para la fecha, el análisis del instructivo arrojó que 97 de los lineamientos no reportaron avance alguno, 12 se ejecutaron de forma parcial y solo 4 se cumplieron con efectividad absoluta, por parte de las autoridades gubernamentales.

Entre los lineamientos que no han reportado mejoría en el manejo de los fondos públicos están: la declaración de ingresos activos y pasivos, estímulos para la participación de la sociedad civil, asistencia y cooperación internacional, la efectiva contratación de funcionarios públicos para adquirir bienes y servicios, y enriquecimiento ilícito. entre otros.

Mercedes De Freitas, representante de Transparencia Venezuela, aseguró que la no consecución de las metas anticorrupción de la OEA se debe a la escasa aplicación de los planes de seguimiento en el uso de los recursos de todos los venezolanos por parte del Ejecutivo nacional.

"El aporte y las soluciones del Gobierno para minimizar la corrupción son paupérrimos. Venezuela ha perdido seis años y los avances son nulos, con un montón de metas y lineamientos totalmente inexistentes y sin resultados alentadores. Los informes internacionales así lo califican, certificando que los recursos públicos se desaparecen sin que nadie se haga responsable", dijo De Freitas.

De Freitas aseveró que el Estado venezolano en lo que respecta al manejo del patrimonio de los ciudadanos de otras naciones miembros asume posturas muy críticas, sin al menos observar los índices de productividad del Gobierno nacional en el mismo tema. "Del total de 113 recomendaciones de la comisión hemisférica internacional, 97 no avanzaron en lo absoluto, lo que demuestra la falta de voluntad política e informativa para que los ciudadanos conozcan el uso de los recursos. Ante esta realidad resulta insólito cómo la delegación venezolana critica y se antepone a las gestiones de países miembros de la OEA con números positivos".

La representante de Transparencia Venezuela calificó como "experiencias positivas" en la lucha anticorrupción los índices de México, Chile y Brasil.

Poderes públicos en deuda

Como es lógico, los resultados de las tareas retrasadas para minimizar los actos de corrupción y el manejo de los recursos en el país incluyen todo el aparataje gubernamental.

Para Mercedes De Freitas, la Contraloría General de la República, como representante del Gobierno, desconoce las implicaciones del incumplimiento de normas internacionales.

"Todas las instituciones están en mora. La Contraloría no se preocupa por difundir el informe de la OEA y tomar los correctivos. En lo que respecta a la Asamblea Nacional, deben la creación de una ley que permita el acceso a la información pública y la norma que prohíba que funcionarios de altos cargos ejerzan actividades que afecten su imparcialidad", acotó De Freitas.

Este informe sobre el país es el tercero que realiza la OEA en los últimos 10 años.