Los expertos en materia ambiental aplaudieron la iniciativa de redactar una ley que rija el tratamiento, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y que unificara todos los escritos que en esta materia están hoy regados en distintas leyes y reglamentos, pero ahora lamentan que el resultado haya sido un texto atrasado, económicamente costoso y que atenta contra la descentralización.

El proyecto de la "Ley para la Gestión del Manejo Integral de Residuos y Desechos Sólidos no Peligrosos" fue aprobada en primera discusión en enero, y varias organizaciones están esperando la invitación de la Asamblea Nacional para participar en el llamado "parlamentarismo de calle", requisito previo a la segunda discusión.

Hernán Papaterra, quien dirige la Asociación Reciclaje y Producción Limpia (Arpli), el proyecto aprobado en primera discusión va a contracorriente de lo que ocurre en el mundo y de lo que está planteado en la Carta de Río (Agenda 21), y cree que está concebida para el desarrollo y multiplicación de vertederos: "Mientras en el mundo se descentraliza en esta materia, aquí damos un paso atrás al establecer que las gobernaciones y alcaldías ya no manejarán los rellenos sanitarios, e incluso se dice que el servicio de recolección se le puede arrebatar a los municipios cuando existan fallas".

Este aspecto del proyecto de ley es precisamente el más grave para Fredery Calderón, de la ONG Caracas Posible: "En vez de fortalecer a las alcaldías, de darle recursos, lo que se pretende es que una de las pocas competencias que les quedan pasen a manos del Estado".

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) hizo un análisis muy técnico de esta ley en su página web (www.Conindustria.org) en donde se señalan varias imprecisiones e inconsistencias y se sugiere enmiendas en algunos de sus 164 artículos.

Allí queda claro que uno de los artículos que más preocupación produce a los industriales es el número 42 de este proyecto de ley, en donde se establece que "(...) los productores, distribuidores y comercializadores de productos de consumo masivo deben implementar programas de retorno que garanticen la reutilización o efectivo reciclaje de 100% de sus envases en un lapso de tres meses".

En Conindustria alegan que esa obligación es de imposible cumplimiento, pues en el país no existe la capacidad de reciclaje para procesar todos los envases y empaques producidos, y mucho menos en medio de una crisis eléctrica nacional.

También Papaterra critica esta parte del articulado porque representa un atentado contra los productores de bienes, al tiempo que califica de exageradas algunas disposiciones sancionatorias (artículo 151), que entre otras cosas habla de la ocupación total o parcial de aquellos sitios donde se realice un manejo inadecuado de los desechos sólidos. "¿Y quién, digo yo, decidirá lo que es inadecuado?", se pregunta.

En cualquier caso, tanto él como Calderón y los expertos de Conindustria dicen estar a la orden de la comisión de Ambiente de la Asamblea para explicar sus reparos y objeciones antes de que el proyecto entre en su segunda discusión.