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Juicio penal en la Fiscalía
MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ |  EL UNIVERSAL
martes 23 de marzo de 2010  11:22 AM

¿Sabe usted cuáles son sus derechos en un juicio penal abierto en su contra?, ¿qué riesgos enfrenta?, ¿es costosa la defensa? Pretendemos en esta ocasión precisar algunas respuestas. Nuestra Carta Magna establece en el artículo 49 la garantía al Debido Proceso, por lo que el Derecho a la Defensa es inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Todos son derechos constitucionales.

Ahora bien, cuando un individuo es denunciado por la presunta comisión de un delito, lo primero que hay que comprender es que sólo se trata de "la investigación de los hechos". Significa que ordenada la apertura del proceso penal, el Ministerio Público se dedicará a la averiguación y recolección de los elementos de convicción (léase, las pruebas) existentes. Aclarado lo anterior, es relevante subrayar que por lo general esta es una tarea reservada no sólo al Fiscal que lleva la causa, sino también a los órganos de policía, esto es, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Al dar segunda opinión legal en una Auditoría evacuada en nuestro carácter de abogado en Venezuela, sostuvimos que la etapa inicial del proceso penal es primordial, por cuanto es allí donde el abogado de la defensa tiene que aportar las pruebas que desvirtúen el delito. Pretender apoyarse sólo en el principio de la presunción de inocencia debilita toda defensa. Los abogados penalistas en Venezuela centran su labor procesal en aportar y coadyuvar a la investigación dirigida por la Fiscalía y los órganos de policía. Asimismo, es importante tener presente la naturaleza del delito denunciado. No es lo mismo seguir un juicio por estafa o fraude, emisión de cheque sin fondos, apropiación indebida u otros: la defensa varía.

Por otra parte, la persona denunciada tiene derecho a proponer un Acuerdo Reparatorio. Esta es una de las formas de ponerle fin al proceso penal, se trata de una indemnización o pago en bolívares efectuado por el agente del daño a favor del denunciante. Muchos son los Acuerdos Reparatorios suscritos en Venezuela con el objeto de resarcir los daños y perjuicios. Los tribunales penales, la Fiscalía y las sedes de comisarías o policías son las destinadas por la legislación penal para la práctica del seguimiento e investigación de los hechos denunciados. El Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal: contienen las normas aplicables. Siempre, el área penal exige alto grado de experiencia en los abogados al asumir la defensa.

Abogado en ejercicio en Venezuela. Profesor UCV, UCAB y USM
asomivis@gmail.com



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