El proyecto de Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional establece que el Órgano Superior, estructura que será presidida por el ministro de Finanzas, "podrá sancionar a los entes reguladores, cuando éstos incurran en abuso, falta, dolo, negligencia, impericia o imprudencia en el desempeño de sus funciones".

Los entes reguladores del sistema son la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros.

El artículo 38 del proyecto indica que "serán castigados con prisión de 4 a 8 años los representantes legales, administradores, directores, auditores, gerentes, funcionarios y empleados" del propio Órgano Superior y de los organismos reguladores.

Estas sanciones serán aplicadas cuando "suministren información falsa", actúen "para sí u otras personas con base en información privilegiada que hubiesen obtenido como consecuencia de sus funciones" y quienes "emitan certificados falsos o certifiquen operaciones inexistentes".

El uso de la información privilegiada también es sancionado en el artículo 39, donde se indica que aquellos que por la naturaleza de sus funciones manejen datos que les permitan obtener beneficios para ellos u otras personas tendrán prisión de tres meses a dos años, así como multas entre mil y cien mil unidades tributarias.

El artículo 29 indica que quienes se desempeñen en el sistema financiero, "independientemente de las responsabilidades penales, administrativas o disciplinarias en que incurran, estarán obligados a indemnizar al Estado de todos los daños y perjuicios que causen por infracciones de esta Ley y las leyes de cada sector y por abuso, falta, dolo, negligencia, impericia o imprudencia".

Al abordar el tema del mercado de capitales, el proyecto de Ley indica que la Comisión Nacional de Valores, entre otras funciones, deberá "asegurar el acceso público a la información sobre los títulos valores, las compañías emisoras y los intermediarios".

Además se amplían los controles sobre las casas de bolsa y sociedades de corretaje al señalar que la Comisión tendrá que "determinar y regular los límites máximos de comisiones, tarifas y demás emolumentos cobrados por los intermediarios de este mercado".

Mayor control
En este momento el Estado fija las tasas de interés, las comisiones y decide el destino de 47 de cada 100 bolívares que la banca presta y todo apunta a que aumentará el control.

El artículo 21 indica que los bancos tendrán que "participar de forma activa en el desarrollo equilibrado de las regiones, de acuerdo con las políticas de fomento emprendidas por el Ejecutivo nacional y la distribución geográfica de su red de oficinas".

La Superintendencia tiene entre sus nuevas funciones la responsabilidad de "vincular la información detallada del mapa bancario venezolano con la información económica y demográfica a fin de promover la participación activa de los integrantes del sector en el desarrollo de las regiones, de acuerdo con sus ventajas y potencialidades en beneficio de las comunidades".

Además, el artículo 13 establece que el Órgano Superior evaluará "si la cuantía de recursos destinados por las instituciones financieras hacia los sectores prioritarios de la economía, cumplen con los objetivos estratégicos diseñados por el Ejecutivo".

El Órgano Superior estará presidido por el ministro de Finanzas. Además lo integrará el presidente del Banco Central de Venezuela y tres directores.

Estos directores serán nombrados por el presidente de la República por un período de tres años "y no podrán ejercer ninguna otra actividad pública o privada remunerada, salvo la docencia universitaria".

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