Amalia Sáez, alcaldesa del municipio Iribarren, ratificó la intención de construir viviendas en los terrenos expropiados de la Zona Industrial 1 de Barquisimeto.

"Entendiendo que la vivienda es una prioridad, el Gobierno tratará de que sea lo más pronto posible", señaló la mandataria regional en el programa Despertó Venezuela de VTV al referirse a la edificación de soluciones habitacionales.

Sin embargo, un informe técnico elaborado por el Colegio de Ingenieros del estado Lara (CIEL) advierte las dificultades y los altos costos que representaría el levantamiento de conjuntos residenciales en un espacio que durante años funcionó como sede de empresas e industrias.

Luis Vásquez, vicepresidente del CIEL, aseguró que la construcción de 4.444 viviendas, tal y como han anunciado las autoridades, supone un gasto de 1.200 millones de bolívares.

"Los costos son exorbitantes y sobre todo habiendo espacios para construir en otras áreas", expresó Vásquez.

Según detalló, el costo del proyecto de la Alcaldía de Iribarren se traduciría en que cada vivienda ascendería a los 800.000 bolívares, justo diez veces más de lo que se requiere para construir una vivienda popular en una zona residencial.

A juicio de Vásquez, una vivienda de clase media construida por el Estado en Lara oscila entre los 300.000 y 600.000 bolívares, mientras que una vivienda para los estratos más necesitados no excede los 80.000 bolívares.

Además de los costos, el ingeniero destacó la inviabilidad del desarrollo de viviendas en la Zona Industrial 1 de Barquisimeto.

Sólo en materia de servicios públicos, Vásquez indicó que harían falta obras para surtir 8,5 millones de litros de agua, 15 megavatios (MW), así como la planificación de nuevas avenidas y calles para un parque automotor de 18 mil autos diarios.

"Eso no es viable. No hay esa capacidad para construir esas viviendas", sentenció Vásquez.

Exigen participar
Precisamente, una comisión del CIEL pidió ayer a la Cámara Municipal de Iribarren participar en la mesa técnica que ese organismo instaló para discutir la modificación del Programa de Desarrollo Urbano Local (PDUL).

Acompañados por una fuerte presencia de trabajadores afectados por el decreto de expropiación, la comisión fue recibida por César Gaviria y Digna Suárez, presidente y vicepresidenta de la Cámara respectivamente.

A la salida del encuentro con la comisión de ingenieros, Gaviria aseguró que los profesionales podían incorporarse a la mesa técnica, pero sentenció que la "expropiación va de todos modos, no hay vuelta atrás".

El propio Gaviria había señalado la semana pasada que "si había que ser delincuente para aprobar la expropiación de la Zona Industrial y el cambio de uso, se convertirían en delincuentes para defender a la revolución".

Por su parte, Elías Bessis, presidente de Fedecámaras en la entidad, ratificó que hoy realizarán una "gran cadena humana" en rechazo a la expropiación.

Igualmente, reiteró que el organismo empresarial sigue trabajando para convocar un referendo consultivo sobre la resolución de la Alcaldía.