El ex presidente de Honduras, Mel Zelaya, a quien Esteban -a la manera de los Emperadores y con desprecio profundo hacia sus pares- le da un sueldo y el empleo de velar en su nombre por la vigencia de la "democracia popular" en los países que integran a Petrocaribe, recién le pide auxilio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que cuiden de sus derechos: a la vida, a la integridad y libertad personal como a un juicio justo, que siente amenazados por el gobierno y los tribunales de su propio país.

La denuncia la presenta Mel ante la Comisión el pasado 26 de enero, a un día de concluir el período constitucional de su depuesto gobierno, y ésta, a su vez, con diligencia digna de las causas de las miles de víctimas quienes acuden a dicha instancia para el amparo de sus derechos fundamentales, el 2 de febrero le da traslado de la misma a la Corte Suprema y al Parlamento hondureños para que descarguen cuando consideren pertinente al respecto. El trámite resulta inédito, por lo demás, pues la Comisión no le pide respuesta alguna al gobierno constitucional del presidente Lobo, ya en ejercicio para esta fecha y quien tiene a su cargo, por mandato de la Constitución, el manejo de las relaciones exteriores hondureñas.

No cabe explicar que el gobierno de Lobo no ha sido reincorporado aún a la OEA, porque la Comisión actúa no como parte de ésta sino como órgano de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y tampoco cabe decir que se trata de un gobierno ilegítimo, pues la Comisión sostiene vínculos epistolares con la dictadura de La Habana desde hace décadas, con vistas a proteger los derechos humanos de quienes son sus víctimas.

Nada puede objetarse, empero, a la iniciativa de Zelaya, salvo observar el doble rasero del que hacen gala tanto él como su empleador, Esteban. Recién, en efecto, éste llama "excrementicias" a las autoridades de la Comisión por cuestionar el estado de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Pero, eso sí, en su momento, corre presuroso para pedirle a la misma OEA y a la Comisión proteger a su amigo Mel y aplicarle al gobierno interino de Micheletti la Carta Democrática Interamericana, que tanto ha despreciado.

La denuncia de Mel, en todo caso, dará mucho que hablar en los meses sucesivos, pues, más allá de serle legítimo quejarse, por creer no se le han garantizado sus derechos a la defensa, al debido proceso, y a la tutela judicial efectiva e imparcial en las causas que se le siguen por violaciones a la Constitución, en su escrito de denuncia el ex presidente confunde la gimnasia con la magnesia.

Por una parte, arguye haber sido víctima de un secuestro y expulsión de su país a manos de los militares, sin mediar una orden judicial. Y en otra parte, admite la existencia de tal orden, pero acusa que la misma se ejecuta casi una hora antes del momento fijado por el juez criminal para la realización del allanamiento a su residencia. A lo cual añade como contexto la sucesión de los hechos vinculados al llamado -en su denuncia- "golpe de Estado". Al final, sin embargo, le pide a la Comisión no tanto proteger sus derechos cuanto que declare la responsabilidad de Micheletti -a quien ésta mal puede juzgar- y ordene a las autoridades de Honduras hacer aquello que le ha pedido Esteban sin éxito, como lo es convocar una constituyente que facilite la reforma constitucional y el establecimiento en la nación centroamericana del socialismo del siglo XXI. Nada menos.

Olvida Zelaya que la Comisión juzga a los Estados y no a las personas y tampoco puede sustituirse en las competencias de la OEA y su Consejo Permanente, encargados de aplicar la Carta Democrática Interamericana. Una cosa es la OEA, cabe repetirlo, y otra es la Comisión, como órgano autónomo que hace valer -junto a la Corte Interamericana- las normas de la Convención Americana o Pacto de Santo.

A la Comisión, en efecto, le corresponderá pronunciarse sobre los derechos individuales concretos que, de modo directo e inmediato, le hayan sido vulnerados a Zelaya. Quizás fije el contexto dentro del cual tal violación ocurrió. Mas no es su tarea ordenarle a los Estados hacer o reformar constituciones para que establezcan modelos políticos a capricho de los líderes políticos de ocasión. Cada Estado y nación son soberanos para darse sus instituciones republicanas, como lo sentencian la Carta de Bogotá de 1948 y la Carta Democrática; y a la OEA -que no a la Comisión- cabe pedir de los gobiernos ajustar sus democracias a los estándares compartidos por el Hemisferio, y nada más.

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