Mi artículo de la semana pasada causó incomodidad entre la mayoría de mis lectores chavistas. Esta semana les dedico las siguientes líneas, con el ánimo de comentar sobre sus inquietudes.

Se acusa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de no ser imparcial pues es muy dura con Venezuela y, por el contrario, ambivalente con Colombia y Estados Unidos. Siendo que en Colombia existe una guerra civil y abundan las masacres, los secuestros y los crímenes de guerra. Ahora bien, el reciente informe sobre Venezuela está enmarcado dentro de la actuación política de la CIDH. En esa perspectiva, la CIDH promueve y defiende la democracia occidental y los valores esenciales de dicho sistema político -reflejados en los derechos humanos (DDHH). El problema se presenta en vista de que el presidente Chávez ha manifestado abiertamente ser anticapitalista y no estar interesado en ningún otro tipo de corriente derivada del pensamiento liberal. Lógicamente, los valores que sustentan las funciones de la CIDH son diferentes a los valores marxistas acogidos por el Mandatario nacional. Mientras que el presidente Uribe está casado con la visión occidental y, de paso, es miembro del club de aliados de Estados Unidos -por ahora, la máxima potencia global.

Por esa razón, algunos lectores cuestionaron la autoridad moral de la CIDH. Otros lectores rechazaron las fuentes utilizadas por la CIDH en su informe y a los denunciantes al considerar que esos medios de comunicación son golpistas, palangristas y que se trata de la oposición y ONGs financiadas por el "imperio norteamericano." Esto sería parte del contexto pero no es el tema central. Por el contrario, de lo que se trata es de aceptar que en materia de asuntos públicos la calidad del informante no es más importante que la calidad de la información presentada. Por ejemplo, el ex alcalde de Nueva York, Eliot Spitzer, no renunció a su cargo en 2008 por el hecho de que la denunciante era una prostituta sino debido a que la acusación -le había pagado para tener sexo- era válida.

Y esto cobra mayor fuerza cuando los propios lectores reconocen que la lista Tascón es un mecanismo estatal sistemático de discriminación en razón del pensamiento político. También admiten que en Venezuela ocurren retaliaciones por parte del Estado en contra de aquellas personas que expresan libremente su oposición al Gobierno. En cuanto al constante estado de inseguridad, que cobra la vida de venezolanos y viola la integridad personal de otros diariamente, ellos consideran que, ciertamente, el Estado es ineficiente.

En ocasiones el apoyo político comporta más componentes emocionales que racionales. Por eso es que muchos apoyan a Chávez aun cuando tienen elementos objetivos sobre una gestión pública deficiente. Esto también se debe a que, como dice el refrán, "barriga llena no cree en hambre ajena". No obstante, debemos entender que la posición individual de una persona es correlativa a la posición social de su entorno. Por lo tanto, no esperemos ser victimas directas de malas políticas estatales para solidarizarnos con los demás. Mientras muchas personas tienen mejor calidad de vida en el presente, otros sufren producto de la inseguridad y/o son considerados ciudadanos de segunda categoría por aparecer en la lista Tascón o no aparecer inscritos como miembros del PSUV. Usted sabe, mejor que yo, lo que puede hacer para contribuir a solucionar este problema.

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