01:18 PM Madrid.- La Justicia española cursó órdenes internacionales de detención contra varios miembros de ETA y de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), procesados por su supuesta colaboración para atentar en España contra altos cargos colombianos.

Según informaron fuentes jurídicas, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó la semana pasada las órdenes de detención contra seis presuntos miembros de ETA, entre ellos Arturo Cubillas Fontan, que ocupó un cargo en el Gobierno de Venezuela, y cinco miembros de las FARC, citó Efe.

El magistrado Velasco procesó el pasado día 1 a seis presuntos miembros de ETA y a siete de las FARC tras apuntar indicios de una presunto nexo entre el Gobierno de Venezuela y los dos grupos terroristas.

Según las fuentes consultadas, el juez no ordenó la detención de dos de los integrantes de las FARC procesados porque uno de ellos muerió -el juez levantará su procesamiento al recibir la notificación oficial de su fallecimiento- y porque la única mujer procesada, Remedios García Albert, está en España.

En cualquier caso, las fuentes indicaron que el proceso de extradición no comenzaría hasta que los procesados fueran detenidos en virtud de las órdenes cursadas por la Audiencia.

El magistrado procesó a Cubillas y a los miembros de las FARC Edgar Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar por un delito de conspiración para cometer homicidios terroristas.

A los presuntos etarras José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso y José María Zaldua el juez les imputa un delito de tenencia de explosivos, del que también acusa a Cubillas.

Por colaboración con organización terrorista procesó a José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio, presuntos miembros de ETA, y por el mismo delito a los miembros de las FARC Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Luciano Martín y Omar Arturo Zabala.

El juez procesó también por colaboración con banda armada a García Albert, que ya fue detenida el 26 de julio de 2008 y un día después quedó en libertad bajo fianza por orden del juez Baltasar Garzón, que la acusó de colaboración o posible integración en organización terrorista.

Velasco señala a Cubillas, que fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela como "responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC".

El Ejecutivo español envió a los gobiernos de Cuba y de Venezuela sendas copias del auto de procesamiento del juez por sus sospechas de que los interlocutores que ETA tenía con las FARC estuvieran residiendo en la Isla.

La investigación del magistrado le lleva a Cuba ya que Urtiaga Martínez, considerado el primer interlocutor con la guerrilla colombiana, estaría residiendo en Cuba, donde además se sospecha que también vive Arrugaeta San Emeterio, al que Velasco apunta como sustituto de Urtiaga en los contactos con las FARC para continuar la experimentación con artefactos explosivos.