El Control 2.0

Gustavo Azócar, próximo diputado a la Asamblea Nacional por Táchira, es un "bloguero preso" (además de preso político), pero su nombre no destaca en las estadísticas que la organización Reporteros sin Fronteras ha liberado sobre la censura mundial en Internet. China, Myanmar (Birmania), Irán y Cuba encabezan la lista de países que más reprimen y censuran en la red, según el informe Enemigos de Internet, 2009.

En años anteriores, Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede en Francia, centraba su tarea de monitoreo del ejercicio profesional en esculcar cómo trabaja y es tratado por gobiernos, corporaciones y organizaciones criminales el periodismo tradicional (de libreta y cámara). Pero el panorama mundial de la industria de la información ha cambiado radicalmente. De la radio, la TV y la prensa escrita (cuyos modelos se implantaron desde los años 30 del siglo XX), el ejercicio del reporterismo ha trasladado a Internet gran parte de sus aperos. La represión y la censura, también.

Con Internet, nuevas formas de expresión han surgido (redes sociales, mensajería corta, Twitter), millones de personas se incorporan cada día a las redes móviles y fijas (3G, 4G, WiFi), decenas de miles de millones de dólares son invertidos cada año en repotenciación de las redes, los terminales con acceso a datos bajan de precio y se masifican entre los usuarios de menores recursos. Pero al mismo tiempo se libra un gran debate global para que las autopistas de la información se mantengan libres de peajes y del control de gobiernos y corporaciones.

El informe de RSF es una estampa de lo que llaman Control 2.0, las formas que los gobiernos más rudos están experimentando para controlar la red.

No lo han podido hacer institucionalmente porque la gobernanza de Internet es asunto supranacional, con estatus de Naciones Unidas. Pero lo están haciendo en sus respectivos reinos, feudos y comarcas.

"En 2009 se duplicaron los países que ejercen algún tipo de censura, 60, y hubo un récord en el cierre de sitios y de blogueros y usuarios encarcelados, 120", afirma Malén Aznárez, vicepresidenta de RSF en España. "A medida que Internet se populariza y es más accesible, los Gobiernos se han dado cuenta de que la pueden controlar, de que hay más medios tecnológicos. La ciberrepresión va a ir a peor", pues las autoridades "están ganando ventaja aceleradamente", dice.

Los 12 países calificados como "Enemigos de Internet" por RSF (Arabia Saudí, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Irán, Siria, Túnez, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam), usan distintos métodos: desde impedir el desarrollo tecnológico y de infraestructuras para tratar de impedir el acceso a Internet, como Corea del Norte, Birmania o Turkmenistán, a desarrollar sistemas y emplear a miles de personas para vigilar la Red, como China.

Frente a los sistemas de filtrado y de desencriptación de correos, los internautas contraponen herramientas como Tor, Psiphon o UltraReach. La solidaridad en la Red hace que se globalicen los instrumentos, como UltraReach, un proxy desarrollado para los internautas chinos que utilizan miles de iraníes.

Proteger la moral, la seguridad nacional, la religión o las minorías étnicas son algunas de las excusas que esgrimen muchos Gobiernos para limitar el acceso a Internet de sus ciudadanos. Pero la legislación contra la pederastia o la protección de la propiedad intelectual pueden suponer una amenaza para la libertad en la Red, dice Aznárez.

En Cuba la publicación de comentarios "contrarrevolucionarios" en webs alojadas en el extranjero se puede castigar con hasta 20 años de cárcel, señala RSF. Entre los países "bajo vigilancia" hay democracias consolidadas como Australia o Corea del Sur, por imponer leyes restrictivas.

NAP Nacional
Hace un mes, en Venezuela surgió la advertencia de que el establecimiento de un punto único de interconexión a Internet (Network Access Point, NAP), manejado enteramente por el Gobierno a través de la operadora dominante Cantv, pudiera servir de punto de control y censura de la red. La posibilidad de una reforma de la Ley de Telecomunicaciones, como lo exigió el presidente Chávez al Parlamento para enfrentar el mal uso que aprecia se está haciendo de Internet en el país ("los telefonitos, los mensajitos, los twitters&"), llevaba implícita el establecimiento de un NAP, disposición contenida en el proyecto de reforma que fue engavetado en 2007.

Funcionarios negaron la especie. En Inside Telecom hemos dicho que tal punto único existe desde hace algún tiempo, sólo que no se ha oficializado. Es decir, los operadores que manejan más tráfico de datos (Cantv y Movistar generan casi 85%) se han puesto de acuerdo para que a través de sus respectivas redes circule la información nacional de ambas.

El presidente de Cantv, Franco Silva, ha admitido la existencia de preacuerdos entre las operadoras para el establecimiento del tal NAP, pero se ha apresurado a declarar que ese NAP "no pretende por ningún motivo controlar o censurar el acceso a la información de la red". Cantv está trabajando en la inversión de este proyecto y para ello ha adelantado acuerdos con otras operadoras. "Contamos con la infraestructura (la de Cantv) y hemos incorporado a diversos operadores, lo que falta es un acuerdo (final) entre todos y una disposición regulatoria (que corresponde a Conatel)".

Existe también un acuerdo entre proveedores de servicios de transferencia de mensajes en Internet, de la cual Cantv forma parte, que previene sobre el "mal uso de las redes", en el sentido de contener el spam (correo basura no solicitado), la proliferación de virus y los ciberataques. Este acuerdo, al parecer, ha funcionado aceptablemente.

En el caso del NAP, dado que es un asunto que involucra la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos, no puede ser visto simplemente como un tema de interés corporativo, donde los operadores se las arreglan para mejor manejar el tráfico y ahorrarse divisas en capacidad internacional, sin que en la conformación de su marco regulatorio se escuche la voz de los usuarios y se incorporen expresas garantías de que la información personal es inviolable, como señala la Constitución.

La experiencia internacional, y en América Latina existen casos, indica que el NAP es tripartito, es un ente neutral, con derechos y obligaciones en condiciones de igualdad, libre de toda sospecha de manipulación e imposición de supremacías por parte de los operadores adherentes. Un caso que Roberto León Parilli, presidente de Anauco, y aspirante a una diputación, no debe dejar de estudiar.

 vvsuarez@cantv.net