Unas 34 personas fueron detenidas la semana pasada por la Policía Nacional. 16 de ellas supuestamente estaban implicadas en delitos ocurridos en las estaciones del metro de Caracas, específicamente en Gato Negro, Plaza Sucre, Pérez Bonalde y Propatria, según lo reseñó la prensa oficial.

El director de ese cuerpo policial, comisario Luis Fernández, aseguró en esa declaración que ha habido un descenso de 85% en el registro de hechos delictivos. Ello a partir de que la Policía Nacional desplegara 64 efectivos en las estaciones ubicadas dentro de la parroquia Sucre y Catia desde el pasado 19 de enero.

Hay quienes difieren de esta información, pues aseguran que la presencia de la Policía Nacional es intermitente. En todo caso, de ser cierta mucha suerte tienen los usuarios del oeste, pues en el resto del sistema casi no existen funcionarios de seguridad.

En teoría los usuarios están resguardados por 300 guardias integrales de seguridad. El asunto es que este grupo de empleados carece de armas o de cualquier instrumento que les permita resguardar su integridad y la de los viajeros al momento de una confrontación con un delincuente.

A ello hay que sumarle que muchos han sido removidos de las estaciones para que resguarden los patios y las entradas de los talleres, lo que deja aún más desprotegidos a los usuarios. Una situación que podría agravarse si los guardias deciden renunciar en masa, cansados de reclamar el pago de sus deudas salariales.

Su labor la apoya un grupo de 117 mujeres de la Misión Madres del Barrio, quienes tienen la función de servir de guías al usuario. El detalle es que ellas tampoco poseen armamento ni la instrucción necesaria para actuar en una situación de emergencia.

Ante tal vulnerabilidad, no ha de extrañar que se registren robos colectivos como los que han sucedido en Ruiz Pineda y Plaza Venezuela. Ni que ocurran cerca de tres hechos delictivos diarios -algunos dicen 10- por parada. En el metro, ya ni 20 cámaras de seguridad por cada estación son suficientes para detener al hampa.