10:43 PM Tegucigalpa.- El general que encabezó el derrocamiento del ex presidente hondureño Manuel Zelaya fue nombrado el martes como gerente de la telefónica estatal, mientras los partidarios del ex mandatario pidieron a la población pronunciarse si apoyan la instalación de una asamblea constituyente para reformar la Constitución.

El general Romeo Vásquez, quien hasta que el 25 de febrero pasó a retiro fungió como jefe del Estado Mayor Conjunto, fue juramentado en su nuevo puesto como titular de Hondutel por el presidente Porfirio Lobo.

"Este es un gran reto, pero estoy acostumbrado a los retos y agradezco al presidente Lobo la confianza que ha depositado en mi persona", declaró el general retirado en rueda de prensa.

Lobo no ofreció ninguna explicación sobre su decisión, pues Vásquez no tiene experiencia en la industria de las telecomunicaciones y la debilitada telefónica estatal Hondutel atraviesa por un momento crítico en virtud de que debe competir con otras tres telefónicas privadas.

Hondutel ofrece servicios de telefonía fija y móvil e internet.

Durante las décadas entre 1960 y 1980 en que el país estuvo gobernado por regímenes militares, oficiales de las fuerzas armadas sin experiencia en el ámbito de las telecomunicaciones eran con frecuencia designados para dirigir Hondutel.

En tanto, el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado emitió un comunicado en el que defendió la creación de una asamblea constituyente que represente ``la voluntad impostergable del pueblo para construir una democracia verdadera y transformar el sistema de injusticia y represión instalado por la oligarquía''.

La convocatoria a la consulta convocada por el Frente está planteada para el 28 de junio de 2010, día en que se cumplirá un año del golpe de Estado.

Según la organización popular, la Constitución de 1982 "fue aprobada durante una de las dictaduras militares que asolaron el siglo pasado a esta pequeña nación" y eso desmerece su legitimidad y también ponen en duda al gobierno del presidente Porfirio Lobo por "ser el gobernante conservador elegido en las cuestionadas elecciones del 29 de noviembre" de 2009.

La Constitución vigente fue elaborada por una constituyente para que Honduras retornara al sistema democrático a causa de casi dos décadas de regímenes militares que dieron al traste con tres presidentes civiles entre 1957 y 1972.

No permite tampoco la reelección del presidente, reformar los artículos sobre la forma de gobierno democrático ni el período presidencial de cuatro años.

Los seguidores de Zelaya también condenaron "la injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país... que de manera vulgar intenta darle una cara de legitimidad al régimen de facto mediante un falso diálogo nacional que ignora el rechazo mayoritario de la población a la dictadura".

Lobo nombró el lunes una comisión para rechazar una demanda de Zelaya y de seis de sus principales colaboradores presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, en la que exige condenar a Honduras por su derrocamiento, reparar sus honor, instalar una constituyente y suspender las órdenes de arresto en su contra emitidas por la Corte Suprema.

"Revisamos toda la documentación y definimos una estrategia para defender al Estado", afirmó la procuradora general Ethel Deras.

Al asumir el 27 de enero, Lobo otorgó un salvoconducto a Zelaya para que abandonara su refugio de cuatro meses de la embajada de Brasil en Tegucigalpa y viajara a Santo Domingo.