La Guaira.- A lo largo de los últimos quince años la finca La Guachafita, propiedad de Tony y Ana Carlota Quintero, era referencia obligada para quienes visitaban Caruao, poblado costero que junto a Osma, Chuspa, Todasana y La Sabana, conforman la parroquia del extremo este del estado Vargas.

Los visitantes asiduos eran mayoritariamente admiradores de las infusiones de malojillo, toronjil, conchitas de mandarina y canela, ajiceros y mermeladas de frutas, que eran comercializadas en la finca.

Entre otros atractivos, los anfitriones eran personas de fluida conversación y de gran simpatía, quienes se habían amalgamado de una manera particular al pueblo, su gente y sus costumbres.

Otro aditivo era que los Quintero eran los progenitores de la periodista Valentina Quintero, quien ha dedicado gran parte de su carrera a dar a conocer los atributos del país y muy especialmente de la costa, por ser el paraíso seleccionado por sus padres para vivir en sus años dorados.

Sin embargo en menos de cinco días el paraíso se transformó en un infierno, muchos quienes hasta ayer les sonreían los tacharon de oligarcas e invasores de una tierra "que les pertenece por su condición de originarios autóctonos".

Unas 40 personas, que dicen representar a 60 familias, invadieron una de las tres hectáreas de la propiedad. La talaron y quemaron. Y ante la presencia de la Guardia Nacional y la Procuraduría del estado, quienes apresaron al líder de la invasión, amenazaron la vida de los Quintero, quemar la casa y sus vehículos si no abandonaban el pueblo y retiraban las denuncias, porque las tierras eran "necesitadas para el desarrollo de un urbanismo popular".

"En agosto del año pasado, un pequeño grupo de invasores entró a los terrenos con la excusa de que en el lugar se construirían las casas del Instituto de la Vivienda de Vargas. El argumento fue desmentido por las autoridades y las personas desalojadas rápidamente. El propio gobernador del estado, Jorge Luis García Carneiro, señaló que no permitiría las invasiones en la zona", explicó la comunicadora.

Desde ese momento las relaciones no fueron las mismas. Poco importó el aporte que los Quintero habían hecho a la biblioteca o al propio consejo comunal. Si no tenían viviendas, era responsabilidad de los Quintero y no de otros.

"Al Gobierno esto se le fue de las manos porque no tiene manera de proteger a nadie. Uno se siente vulnerable y desasistido", comentó Quintero, quien acudió ayer la Fiscalía de Vargas para denunciar las amenazas y el desalojo forzado de la vivienda. En cuanto a la intervención de las autoridades locales, el procurador de Vargas, Pedro Rodríguez, aseguró que no se declaraban incompetentes y que buscarán una solución en el caso Quintero. "El Gobierno regional no permitirá más invasiones en edificios ni en terrenos rurales y urbanos, porque traen más miseria a la población. Los consejos comunales no deben aceptar este tipo de ocupaciones ilegales".

Destacó que "aquellas personas instaladas en espacios invadidos serán excluidas y no las tomaremos en cuenta para futuras adjudicaciones de viviendas en el estado".