El más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referidos a la Democracia y Derechos Humanos en Venezuela destaca que en materia carcelaria, aunque el Estado ha emprendido una serie de iniciativas en los últimos años, la grave crisis penitenciaria no mejora y además continúan las matanzas.

La CIDH valora positivamente la información recibida, que evidencia una voluntad seria del Estado por adoptar políticas que garanticen los derechos de las personas bajo su custodia. El informe también aplaude otras iniciativas, como el decreto de la emergencia carcelaria en 2004; la creación de la Comisión Presidencial Para Atender la Emergencia Penitenciaria, el Plan de Humanización, entre otros.

No obstante, el informe es demoledor por cuanto demuestra que persiste el retardo procesal, el hacinamiento y las matanzas en las cárceles basándose en los propios informes emitidos por el Estado. Otra observación que realiza la Comisión es lo que el organismo califica como "falta de coherencia" en cuanto a la entrega de cifras oficiales respecto al número de personas privadas de libertad. En el informe se observa que esta información no es consistente. Lo que sí queda claro es que "el número de personas que se encuentran privadas de su libertad sin una condena firme es preocupante".

La CIDH refiere que la Comisión Presidencial Para la Emergencia Penitenciaria, dedicó los años 2005 y 2006 a diagnosticar y diseñar las políticas para el sistema penitenciario y a pesar de no haber sido disuelta durante 2007, 2008 y 2009 la Comisión no realizó nuevas convocatorias para reuniones de trabajo.

El informe indica que el hacinamiento continúa siendo una característica estructural del sistema penal venezolano aunque el Plan de Humanización Penitenciaria tiene proyectado construir 15 comunidades penitenciarias.

El coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones Humberto Prado lamentó que voceros gubernamentales se hayan expresado negativamente hacia el informe, el cual no han podido desvirtuar por cuanto el mismo se fundamenta en elementos que el propio Estado venezolano ha suministrado.

En los últimos once años más de cuatro mil reclusos han sido asesinados y once mil han resultado heridos dentro de las cárceles y no hay castigo para los responsables, refiere el informe. "No es mentira que hay retardo procesal, 160% de hacinamiento con más de 20 mil presos, que los crímenes no se castigan, que violan los derechos humanos, que cada dos años se extermina un penal completo producto de la violencia", dijo el abogado Prado quien lamentó que Venezuela no permita el ingreso al país del relator para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Paulo Sergio Piñeiro.

Por su parte el abogado Carlos Nieto, de Una Ventana para la Libertad, dijo que la CIDH es enfática en señalar que el Estado ha sido negligente en salvaguardar la vida de las personas privadas de su libertad.