La última. Acusaron a los familiares de las víctimas de El Caracazo de no colaborar con la Fiscalía para que ésta pueda identificar eficientemente a sus seres queridos (y tras ello, esperamos, hacer justicia). Los amenazaron con forzarlos a entregar información, que supuestamente tienen en su poder -y quien sabe por qué extraña razón- según la fiscal Luisa Ortega Díaz, no quieren dar.

Conozco desde hace 19 años a los familiares de las víctimas del Caracazo. Ellas -en su mayoría son mujeres- tienen nombre y rostro. Aura Liscano es una. En todo ese tiempo Aurita, como conocemos a esta mujer que a pesar de su aparente fragilidad es la dueña de una enorme fortaleza, no ha parado de hacer diligencias para lograr que le regresen los huesos de su hermano y así poder cerrar un ciclo de dolor, que ya se le parece a un vía crucis.

Durante dos décadas (hay que ser constante para sostener una lucha por tanto tiempo) ella ha caminado incontables veces, no sólo a la Fiscalía, sino también al cementerio general del Sur, a Miraflores, a los tribunales y a cuanta oficina pública se lo ha requerido. Ha caminado a todos estos sitios cada vez que la llaman a pesar de la dificultad que tiene en su pierna y que convierte a cada pisada en una aguja dolorosa que se le clava en la cadera hasta hacerla llorar. Cojeando, salvando obstáculos, a pesar de la indiferencia y de los insultos, de las horas de espera y de las veces que la han hecho acudir a un sitio para luego regresarla de vuelta, ella ha hecho todo lo que ha estado de su parte para que sea posible identificar a José Miguel Liscano. Prometió enterrarlo, darle un sitio digno y cristiano, antes de detener su maratón de diligencias.

Acusar a la señora Aurita, quien ha dormido en La Peste, donde fueron halladas las fosas comunes donde se supone se encontraba José Miguel (subiendo una cuesta en el cementerio general del Sur), que peleó y se encadenó en Miraflores para lograr que se iniciaran las exhumaciones en el año 1991, más que un exabrupto, un desatino, revela una enorme falta de humanidad, una crueldad que no tienen nombre. Más doloroso, pienso, que la decepción que tuvo lugar luego de la fiesta (no se si es correcto llamarla así, pero la misa fue casi una fiesta) al entregar los primeros cuerpos identificados hace ya 19 años, cuando el gobierno de turno ordenó detener el proceso, cambió al juez de la causa y se volvieron a inhumar los restos. Superada la decepción, fui testigo de como Aurita comenzó de nuevo su lucha, infatigable.

Probablemente ha entregado todo lo que tenía a la Fiscalía hará, por lo menos, veinte años. Seguramente, de su hermano, sólo le queda el recuerdo, porque hasta las fotos habrá dado. ¿Qué será lo que la fiscal Luisa Ortega Díaz, pretende quitarle ahora?

Dudo mucho que la dignidad. Ese don, que curiosamente es común a todos los familiares de las víctimas del Caracazo, está labrado en años de lucha y dolor sostenido, en compartir la experiencia de la injusticia y en sobrevivirla, y en ese marco, ser solidaria con otras personas. En sobreponerse y adquirir fortaleza ante cada nuevo revés. La dignidad es el bien más preciado por la señora Aura Liscano, porque es la fuerza que la ha mantenido por tantos años recorriendo las oficinas públicas y entregando la información que hoy le reclama la fiscal general de la República.