Afirman que a través de leyes se busca "criminalizar" la actividad privada
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El socialismo del siglo XXI va cobrando forma jurídica y con ella gana fuerza el Estado. Para el abogado Fernando Fernández la reciente aprobación de leyes y la consideración de otros proyectos reguladores buscan consolidar la hegemonía del Estado en la actividad económica.
"Estamos observando que todas estas leyes que están saliendo, ley del Indepabis, ley de propiedad social, ley de tierras urbanas, están creando un estado legal que se suponía superado por la Constitución", afirmó Fernández.
Según explicó, los cambios legales están orientados hacia la "colectivización" de la sociedad en detrimento del derecho de propiedad privada que contempla la Constitución.
"Una política pública que destruya cualquier derecho, entre otros, el derecho de propiedad, va en contra de este deber constitucional del Estado venezolano".
En el foro "Estado de Derecho y libertad económica, bases para la prosperidad", organizado por la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria (Venamcham), el jurista aseguró que la estructura legal que impulsa el Ejecutivo se asemeja al esquema constitucional de países como Vietnam o Cuba.
Asimismo, Fernández aseveró que a través de esos nuevos instrumentos jurídicos se intenta "criminalizar" la actividad económica privada.
"Vemos que se está criminalizando toda la actividad económica, creando nuevos delitos con penas injustas y procesos indebidos. Ahora la autoridad administrativa pasó a ser juez y parte de los procesos económicos", dijo el abogado.
A modo de ejemplo citó la reciente reforma de la ley del Indepabis, en la cual se establecieron "delitos abiertos" que dan un amplio margen de acción a los funcionarios públicos.
La percepción de Fernández coincidió con la del abogado Santos Michelena. Para Michelena, desde la Asamblea Nacional (AN) se está levantando un marco jurídico cada vez más punitivo contra el sector pri- vado.
"Hay cantidad de leyes que tienen ese espíritu excesivamente regulador del Estado, excesivamente punitivo y que en el fondo debilitan el principio de la propiedad privada".
La expropiación como sanción
Según Michelena, uno de los indicadores que evidencia el nuevo espíritu legal también está en la reforma de la ley del Indepabis, aprobada en febrero pasado.
El abogado sostuvo que el texto legal incluyó las expropiaciones como una de las posibles sanciones para los comerciantes que incumplan la ley, a pesar de que la Carta Magna fija el procedimiento para ejecutar una medida de ese tipo.
"Contemplar la expropiación como una sanción es atentatorio al principio de libertad económica".
Michelena expresó que esas propuestas no son favorables para la economía nacional, ya que "inhiben" las inversiones.
"Pretender ir más allá en las estructuras de costos y meterse en la idea del precio que deben tener las cosas no responde a la realidad, no es beneficioso".
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