LOCALIZADOR

En nueve días de protesta en las calles de varias ciudades del país, entre el 23 y el 31 de enero, 85 estudiantes resultaron detenidos y algunos de ellos pasados a los tribunales de justicia. Durante esos días se produjo la muerte de dos estudiantes, hubo cien heridos como consecuencia de gases lacrimógenos y sustancias prohibidas utilizadas para reprimir manifestaciones, perdigones, disparos de bala y golpes. Igualmente se registraron agresiones armadas contra viviendas, violación de propiedad por parte de grupos armados identificados con el oficialismo, quema de automóviles y ataques a líderes opositores que se extendieron hasta sus viviendas.

Pero de esa semana cargada de violencia donde actuaron sectores estudiantiles y civiles, grupos oficialistas armados, grupos de activistas del PSUV, las policías regionales y la Guardia Nacional, sólo los estudiantes recibieron toda la carga judicial, imputados por los hechos ocurridos aunque participaran diversos actores.

Nuevamente el detonante de estas protestas fue el caso del segundo cierre de RCTVI y la defensa de la libertad de expresión a lo que se le sumó el problema eléctrico y el racionamiento que intentó imponer el Gobierno.

De los 85 detenidos 55 lograron salir con libertad plena, pero otros 30 estudiantes fueron pasados a juicio con régimen de presentación cada 30 días y prohibición de participar en protestas públicas.

La listas de detenciones fueron aportadas por una red nacional formada para la defensa de las víctimas en el sector estudiantil llamada Defensores Activos Voluntarios, organizada por la ONG Foro Penal como una manera de asistir jurídicamente en la etapa inicial a quienes fueron detenidos durante esos sucesos.

A juicio del abogado del Foro Penal, Alfredo Romero, el Gobierno está utilizando un esquema de represión que criminaliza la protesta que se viene experimentando desde el pasado año.

La retención como método

Según explica el abogado, el Foro Penal viene registrando cada uno de estos hechos de violaciones a los derechos humanos en un expediente que se consigna cada seis meses ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya de manera de ir sustanciando lo que a su juicio es una reiterada práctica oficialista que busca impedir la protesta en Venezuela.

En virtud de ello han analizando cómo estas situaciones han ido progresando en el tiempo. Y una de las cosas novedosas que se han registrado en los sucesos de enero, es el esquema de retenciones. Las personas son privadas de su libertad, sin existir flagrancia u orden judicial, no son detenidas por la vía ordinaria y omitiendo el derecho a la defensa. Son detenidas en cualquier lugar, en algunos casos incomunicados y liberados posteriormente. En otras situaciones, algunos estudiantes fueron sometidos a torturas, golpes y amenazas a su integridad física, lo que se entiende como un esquema de presión o terrorismo psicológico.

Según el abogado, en su mayoría, aunque son detenidas en las manifestaciones, no lo hacen cuando están con la masa de manifestantes, sino cuando viene el repliegue. Es decir, lanzan las bombas lacrimógenas, lanzan los perdigones, hieren a personas con perdigones, y cuando viene el repliegue las personas son detenidas en una calle aledaña en un café o incluso en el Metro o cuando quedan atrapadas entre las bombas y el cerco policial.

En esa estrategia se permite la realización de la marcha pero hasta un punto distinto al solicitado por las organizaciones civiles, en ese punto se colocan las barreras policiales. Una vez que la marcha llega a ese punto, a pesar de que nadie rebase la barrera, se lanzan bombas y perdigones generando un enfrentamiento entre marchistas y el cuerpo policial, y luego del repliegue se realizan las retenciones y detenciones selectivas.

En general el esquema se ha repetido en todas las regiones donde se registraron protestas: las personas son retenidas, incomunicadas, sometidas a presiones y cuando son imputadas, lo son por delitos exagerados.

Las imputaciones ya son un esquema preestablecido, como lo son: instigación a delinquir, instigación al odio, agavillamiento, resistencia a la autoridad, obstaculización de las vías públicas y perturbación del orden público. Eso es lo regular. Allí hay penas de 5 años, de 4 años y de 2 a 5 años. Pero cuando se quiere arremeter más fuertemente contra alguien entonces le incluyen: instigación a la guerra civil, instigación a la rebelión, como es el caso de Julio César Rivas, caso en el que estamos hablando de delitos de 20 a 30 años. Eso depende de la importancia de la persona y la intención de atemorizar, explica Romero.

Para el vocero del Foro Penal el esquema se viene utilizando desde 2004 cuando se produjeron las "guarimbas" pero se ha perfeccionado en el último año. Destaca que este tipo de acciones represivas de profundizaron a partir de la movilización convocada el 22 de agosto de 2009 en contra de la Ley de Educación. En esa oportunidad fueron imputados Julio César Rivas, Oscar Pérez y Richard Blanco.

Criminalización de la protesta

Pocas horas después de la marcha ocurrida el 22 de agosto de 2009 se emitieron las órdenes de captura contra Oscar Pérez, Richard Blanco y el estudiante de Carabobo Julio César Rivas. Posteriormente, once funcionarios del la alcaldía fueron imputados por protestar ante el TSJ por la detención del prefecto.

A Rivas, hasta ese momento un líder poco conocido, lo identifican en un video que difunde el programa La Hojilla en el cual el manifiesta su deseo de llegar a la Asamblea Nacional, de acuerdo a la solicitud que habían hecho los marchistas. Con esa evidencia, el Tribunal 37° de Control de Caracas, alegando que se trataba de un hecho notorio y comunicacional, ordenó la detención del joven de 22 años en la temible cárcel del Rodeo I. La jueza del caso, Leydis Azuaje argumentó que se trataba de delitos de inmensa magnitud porque se alteró la paz social y se produjo una devastación. Los delitos por los cuales fue imputado fueron: "Instigación a la guerra civil y a la devastación, incitación para delinquir, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, daños materiales y uso de armas genérica".

El dirigente político opositor, Oscar Pérez fue imputado por haber sido el solicitante de los permisos para la marcha y acusado de acciones predeterminadas, según las cuales los manifestantes fueron preparados con artefactos para generar violencia. Entre esos artefactos dijo que en el sitio se encontraron cajas con bombillos llenos de pintura, piedras y palos. Oscar Pérez no pudo ser capturado y actualmente se encuentra en Perú como refugiado político.

Por su parte, el prefecto Richard Blanco quien también participara el la marcha del 22 de agosto, fue acusado de lesiones en contra del funcionario de la PM, Jonathan Bermúdez, quien se había infiltrado en la marcha opositora y detectado por los manifestantes. Al ser descubierto, los manifestantes reaccionaron y fuer el prefecto quien salió en su defensa.

Sin embargo, cuatro días después, Blanco fue detenido en el Centro Financiero Latino por 30 funcionarios del Cicpc acusado de agredir al funcionario. Blanco fue recluido en la cárcel de Yare III. Blanco permanece recluido.

La arenga del coronel

Cabe destacar la actuación del coronel (GN) Antonio Benavidez Torres, comandante del Comando Regional 5 durante los sucesos de agosto, quien pronunció un discurso, de carácter político ante las tropas comandadas por él que actuaron contra la manifestación.

Entre otras cosas señaló el uniformado que había que mantenerse alerta porque "sectores de la oposición tratan de crear un clima de desestabilización en el país "(&) "hay que estar pendiente de una secuencia trabajada en laboratorio". Dijo a los efectivos de la GN que "hay que mantener rodilla en tierra, pendiente de la situación de hoy, de ayer y de mañana, porque esta es parte de la agenda de la oposición". Indicó que las consignas "no eran contra la Ley de Educación sino contra Chávez". Concluyó señalando que la Fuerza Armada Bolivariana está con el pueblo y "debe mantenerse leal con nuestro comandante en jefe Hugo Chávez".

Poco tiempo después y al ser alabado por el propio Presidente de la República, el polémico coronel fue condecorado con la Orden Libertador, en su segunda clase, una de las más importantes del país. "Todo el pueblo aplaude al coronel Benavides" dijo el Presidente en Miraflores al otorgarle la orden a este oficial quien en su haber llevaba también la represión aplicada en 2004 a las marchas que realizara la oposición ante el Consejo Nacional Electoral.

Hechos relevantes

Al hacer un balance de las protestas de enero, encontramos que se registraron entre tres y cuatro manifestaciones por día con unos doce detenidos por cada manifestación, dos fallecidos y 100 manifestantes heridos.

Frente a ellas no se registró ninguna actuación inicial de la Fiscalía ni de la Defensoría del Pueblo.

Destacó la amenaza que hiciera Chávez a las policías que no actuasen en contra de las manifestaciones. El blanco fue el gobernador Henri Falcón, quien aún siendo un líder importante del PSUV, aceptó dialogar con los manifestantes y apoyó la actuación comedida de la policía regional. "Le hice un reclamo y una advertencia (a Henri Falcón). Si la Policía de Lara no cumple su función voy a tener que intervenirla".

Otro aspecto ha sido la actuación de grupos armados identificados con el oficialismo en las universidades, en Conatel y especialmente en Mérida, en Carabobo y en Oriente, donde actuaron libremente sin que las autoridades regionales o la GN intervinieran contra estos grupos.

Las manifestaciones más reprimidas se registraron en los estados donde la policía está bajo el mando de gobernadores del oficialismo.

folivares@eluniversal.com