02:10 PM Brasilia.- El ministro de Defensa, Nelson Jobim, pidió la destitución de un general del Ejército que atacó la creación de una comisión gubernamental encargada de investigar crímenes cometidos por la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.

Un comunicado del Ministerio indicó que Jobim presentó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva la propuesta de separar al general Maynard Marques de Santa Rosa de su cargo de jefe del departamento de personal del comando del Ejército por difundir violentas críticas a una comisión oficial para investigar abusos del régimen castrense.

El militar dijo en una nota divulgada por internet, y publicada por medios de prensa, que la comisión estaría conformada por fanáticos y que sería una "comisión de la calumnia".

Aseguró que la comisión de la verdad estaría conformada por "los mismos fanáticos que, en el pasado reciente, adoptaron el terrorismo, el secuestro de inocentes y asalto a bancos como medio de combate al régimen para alcanzar el poder", y los comparó con los inquisidores españoles del siglo XV.

Su comentario aludió a los ex guerrilleros que combatieron a la dictadura militar, algunos de los cuales integran el más alto escalafón del gobierno de Lula.

Según el comunicado, el comandante en jefe del Ejército, general Enzo Martins Peri, verificó la autenticidad de la nota de Santa Rosa y dijo que se trata de una opinión personal "indebidamente propagada por la internet".

La creación de la comisión de la verdad fue propuesta como parte del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, lanzado en diciembre, que generó controversia entre los militares.

El malestar en las Fuerzas Armadas fue aplacada cuando el Presidente amplió el foco de la Comisión para que abarcara también crímenes cometidos por grupos insurgentes que operaron durante el período militar.

A diferencia de países como Argentina, Chile y Uruguay, en Brasil no se han abierto procesos judiciales contra los militares responsables de abusos de derechos humanos durante la dictadura.

Santa Rosa fue el centro de otras dos disputas con autoridades civiles durante el gobierno de Lula. La primera ocurrió en 2007, cuando criticó las negociaciones para dejar en manos de indígenas la reserva Raposa/Serra do Sol, en la frontera con Venezuela y Guyana.

La segunda disputa se dio el año pasado, cuando firmó una nota criticando la Estrategia Nacional de Defensa del Gobierno, que en su criterio debilitaba el poder de los militares.