El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, acusó al presidente Hugo Chávez de usar la figura de la "propiedad social" para justificar las expropiaciones que solo tienen como objetivo hacerlo a él dueño de todo.

Las declaraciones de Borges, en Chacaíto, coincidieron con la decisión de Chávez desde la plaza Bolívar, de ordenar la expropiación del centro joyero que funciona hace décadas en el edificio La Francia.

Por varias semanas, Borges ha venido advirtiendo sobre el hecho de que las expropiaciones ordenadas por Chávez no solo perjudican al erario público por los pocos casos en los que se le ha pagado a los propietarios privados para que no se produzca nada luego, sino que en la práctica la oferta de que los trabajadores se beneficiarían de la medida ha sido mentira "y la producción y el empleo vienen palo abajo".

Así, citó ocho casos, a su juicio emblemáticos, que explican su denuncia. "Son historias de fracasos y engaños que solo se explican por la actitud egoísta de un presidente obsesionado por ser dueño de todo". Asimismo citó datos recientes de Consultores 21 que indican el apoyo de los venezolanos a la propiedad privada.

Borges habló de que 49% de las acciones de la fábrica de válvulas Inveval, expropiada en 2003, fue prometido a sus trabajadores, pero hoy el Estado tiene el 100%. De la papelera Invepal, antes Venepal, expropiada en 2005, el Gobierno controla 83% y la totalidad de los trabajadores de la Cantv y la Electricidad de Caracas, estatizadas en 2007, tuvieron que vender sus acciones.

"15 mil familias vinculadas a Sidor como accionistas clase B, propietarias del 20% de la siderúrgica, continúan hoy en el limbo sin saber qué pasará con su propiedad", recalcó Borges.

"El Gobierno continúa con la obsesión egoísta de querer ser dueño de todo, de controlarlo todo" y recordó que el vicepresidente Elías Jaua alertó que el Gobierno busca que todo se convierta en propiedad social, "como si eso se tradujera en propiedad para el pueblo, pero los venezolanos saben que las 120 empresas expropiadas hasta ahora han terminado en manos del Gobierno".

Al precisar el daño directo ocasionado por las expropiaciones al empleo, Borges citó que la cooperativa Invetex, que comenzó con 300 trabajadores hoy conserva 100. "La procesadora de arroz Cargill, expropiada hace un año, supuestamente por no producir arroz regulado, ha mermado su producción a la mitad y los trabajadores sufrieron hasta un recorte en sus sueldos de 50%". EG