En 2003, el Ejecutivo instaló un control de precios que abarca alimentos de primera necesidad, medicamentos y productos de cuidado personal, regulación que todavía se mantiene con algunas variaciones.

La medida tenía como finalidad controlar la inflación, principalmente en los alimentos, pero tras siete años de control la política sigue siendo poco eficiente.

Una vez más, el sector productivo inició este año solicitando al Ejecutivo nacional revisión en los precios de alimentos básicos como pastas, pan, pollo, carne, leche, quesos, café, azúcar y maíz, valores que no se modifican desde 2009.

El sector demanda aumentos proporcionales a los incrementos que han sufrido las estructuras de costos: leche pasteurizada entre 35% y 40%; en los quesos 40%; en carne 40%; pollo cerca de 50%; el resto de los sectores mantienen sus solicitudes en reserva.

Pero los ajustes que el Gobierno ha hecho en los precios de estos productos en los últimos tres años, han sido tardíos e insuficientes y el rezago se hace insostenible en estos momentos, sobre todo, con la devaluación de la moneda.

Mientras los insumos se mantienen en constante alza los precios de los productos terminados siguen regulados.

En los últimos siete años, el control de precios ha generado desinversión en el sector, que se traduce en disminución de la producción, escasez y finalmente en especulación; y aún así el Gobierno insiste en que no se desmontará la regulación.

Analistas e industriales coinciden en que el control de precios puede ser viable siempre y cuando el Gobierno reconozca las estructuras de costos reales, sincere los precios y haga ajustes periódicamente.

Durante 2009, se ajustaron al alza los precios de 19 de los 22 rubros que están regulados. Algunos como las sardinas frescas, granos y leguminosas fueron excluidos del control de precios, y otros como los aceites, pan, pastas y leche fueron regulados a la baja.

Ciertamente, en 2009, la inflación de alimentos fue inferior a la de años anteriores y cerró en 20,9%, pero la política no ha arrojado los resultados esperados.

Los consumidores resultan ser los más afectados con el control, pues cuando hay escasez deben pagar más por los alimentos y conformarse con lo que consigan en el mercado.

Arma de control

El control de precios se ha convertido en un mecanismo para asechar al sector agroindustrial. A partir de esta medida surgieron otras regulaciones que mantienen oprimidas a las industrias.

Una vía de compensación que tenían las empresas para amortiguar las pérdidas que genera la producción de los alimentos regulados eran las variedades o los productos especiales. El año pasado el Gobierno fijó cuotas donde obliga a la agroindustria a destinar la mayor parte de su producción, entre 80 y 90%, a las versiones reguladas.

El poco o nulo margen de rentabilidad que le queda tanto a la industria como al comercio a través de la venta de los productos regulados, ha potenciado la especulación en los precios al consumidor.

Por ejemplo, actualmente azúcar y café son los productos que se encuentran escasos, y los consumidores pagan hasta 10 bolívares fuertes por un kilo de azúcar y está regulado en 2,86 bolívares.

Cae la producción

La meta de alcanzar la soberanía agroalimentaria luce cada vez más alejada, pues la producción primaria y agroindustrial se ha viso seriamente afectada a raíz del control de precios.

En los últimos años la producción de materias primas como arroz, maíz y café han disminuido notablemente; y la producción agroindustrial cerró con una merma de 5% en la producción.

La presencia de los rubros de primera necesidad en los anaqueles es irregular y las fallas de abastecimiento se vuelven cíclicas.

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