El cómo y el cuándo saldremos del teniente coronel ponchado es secundario, ya que su fracaso estrepitoso hace inevitable el término de su mandato, sea en el 2012 o incluso antes si las circunstancias así lo determinan. Lo fundamental es identificar dirigentes, no delincuentes, relacionados con el PSUV con quienes acordar la gobernabilidad el día D+1. Sin un compromiso, en el que se respete a quienes no piensan como nosotros, sobrevendrá el caos. Esto tenemos que entenderlo la mayoría de los que estamos en la oposición.

Para ello es necesario hacer justicia y descartar la venganza. Si no se hace justicia y castiga a quienes han abusado del poder, la impunidad puede dar pie a que en el futuro se repitan los atropellos y las víctimas queden con sed de justicia. La ventaja es que no hemos llegado a los extremos vistos en otras latitudes y, si en esos casos se lograron acuerdos de convivencia, en el nuestro la tarea debería ser más sencilla. Simplificando, podremos dividir a quienes han violado las leyes en tres grupos y corresponderá a jueces idóneos y no a la opinión pública determinar su grado de culpabilidad.

Un primer grupo lo integran aquellos autores de delitos que son conocidos, pero que nunca fueron imputados; otros que disfrutan de libertad concedida sin cumplir con los requisitos legales y algunos que permanecen en el anonimato gracias al encubrimiento oficial. Por ejemplo, los asesinos del 11 de abril, de José Manuel Vilas, Maritza Ron, Evangelina Carrizo, Juan Carlos Sánchez, Antonio López y otros. Igualmente los oficiales de la Fuerza Armada, policías y grupos paramilitares oficialistas que han atropellado a la ciudadanía, como en el caso de Los Semerucos, en manifestaciones pacíficas y en las protestas estudiantiles.

En un segundo grupo podemos ubicar a funcionarios judiciales que han ocasionado graves daños sicológicos y materiales a muchas familias. Tales los casos de los jueces que han condenado injustamente a prisión a muchos demócratas como son, entre otros, Usón, Gebauer, comisarios y los funcionarios de la Policía Metropolitana, Felipe Rodríguez, Richard Blanco o que han obligado a exiliarse a cientos de ciudadanos. Igualmente los funcionarios públicos que han violado los derechos de los trabajadores.
Un tercer grupo lo integran los corruptos y los responsables de la pérdida de patrimonio de la nación. Asimismo las focas de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, ministros, CNE, magistrados y demás funcionarios que no han cumplido con su deber, permitiendo que el comandante ponchado abuse del poder.

Debemos partir de la premisa de que es necesaria la reconciliación y no marginar a quienes, sin delinquir, han apoyado el proyecto político que ocasionó este desastre. Lo que sí debemos tener claro es que no debe haber impunidad y que el gran responsable de las violaciones a los derechos humanos, de la violencia y de la destrucción del país es el teniente coronel lenguatón. Sobre él debe caer todo el peso de la ley, respetándole sus derechos. Iniciemos pues la identificación de los dirigentes honestos del PSUV con quienes desde ya debemos dialogar y llegar a acuerdos. Aceptemos que debe haber más de los diez hombres justos que Jehová requería para no destruir a Sodoma y Gomorra. No es cierto lo que afirma el mendaz José Vicente de que el dilema es vida o muerte. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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