En Venezuela, el hecho de interponer una denuncia penal o haber sido denunciado por la presunta comisión de un delito se ha convertido en un verdadero calvario. Sólo la persona que atraviesa por esa situación sabe y le consta que ello es así. La frialdad de quienes ni se inmutan ante el dolor ajeno padecido por las víctimas pareciera no importar. Se observa a diario que prevalecen los intereses económicos particulares por encima de la noble actividad de hacer sentir la justicia.

Hoy es normal ver cómo algunos funcionarios no cumplen de forma oportuna y diligente con sus responsabilidades; dilatan o entorpecen con trabas absurdas sus tareas. Trascurren meses y años una vez incoada la denuncia penal o demanda judicial, y no hay avance, no se pronuncian, "engavetan" los expedientes y, al ser increpados al respecto, se excusan aduciendo que tienen exceso de trabajo y carencia de recursos para sustanciar los procesos pendientes.

En estas circunstancias, ¿qué puede hacer el ciudadano común? En principio las leyes establecen varios caminos para contrarrestar ese mal. Pero el problema no radica en la falta de legislación que regule la materia; no existe forma de exigir el cumplimiento. Al acudir a la autoridad competente para reclamar el derecho violado, encontramos el mismo fenómeno: "no ocurre nada". Lo anterior, salvo que el reclamante ofrezca contestación a la famosa frase: "cuánto hay para eso". Se trata de la corrupción galopante que carcome a los entes encargados de velar y hacer cumplir el Estado de Derecho.

¿Qué sugerimos? A lo largo de más de veinte años en el arduo desempeño como abogados en Venezuela, concluimos que la manera de ejercer la profesión ha cambiado. Algunos sostienen que la solución no está en los tribunales; prueba de ello es el empleo del "arbitraje" para dirimir conflictos entre los particulares. Sin embargo, ¿qué hacer si la disputa es en el ámbito penal? No hay otra vía que incursionar en la jurisdicción penal. Al denunciar ser víctima de una estafa, fraude u otros delitos, lo primero a evaluar es el riesgo de quedar insatisfechos con nuestras demandas y lo que es más grave aún, podríamos terminar perjudicados por hacer solicitudes en términos erróneos ante los juzgados.

Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM
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