Ni el mérito ni la productividad ni los conocimientos ni el comportamiento son las razones que pesan para que los jueces sean destituidos de sus puestos, al menos así lo consideran 82,19% de los jueces, de acuerdo con el estudio hecho por la organización Consorcio Desarrollo y Justicia para evaluar el grado de independencia del Poder Judicial en Venezuela.

En el informe, elaborado a partir de 76 entrevistas a jueces de ocho estados del país, se pone en duda tanto la imparcialidad de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se encarga de designar y remover a los jueces provisorios; como la de la Inspectoría de Tribunales y de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, la cual procesa a los titulares.

52,7% de los encuestados niegan que los jueces que "se saltan las normas del proceso judicial son despedidos de sus cargos", frente a 28,38% que aseguraron que cuando esto ocurre el funcionario sí es removido y 20,27% que no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo con ese señalamiento.

Asimismo 31,08% de los consultados afirmaron que si el titular de un tribunal acepta un soborno, es inmediatamente sancionado, frente a 48,65% que dijeron que aun a pesar de este tipo de faltas muchos colegas siguen ejerciendo sus funciones.

Por su parte, al ser interrogados sobre sí hay abogados que ocupan juzgados a pesar de tener antecedentes penales, 50,66% de los entrevistados reconocieron que esto ocurre.

Al preguntarles si la Inspectoría de Tribunales siempre aplica "criterios objetivos" en los procesos de remoción de los jueces, la mayoría de los entrevistados por Consorcio Desarrollo y Justicia (47,3%) se mostraron totalmente en desacuerdo con esa afirmación.

En su informe, la organización concluyó que como los procedimientos para sancionar a los jueces no se cumplen, esto "genera inestabilidad en el trabajo" de estos funcionarios.

Desde marzo pasado el Poder Judicial se encuentra sumido en una nueva reestructuración decretada por la Sala Plena del TSJ. Dicha reforma está dirigida por la Comisión Judicial, instancia que encabeza la presidenta del máximo juzgado, magistrada Luisa Estella Morales, la cual, hasta ahora, ha removido a más de un centenar de jueces.

Los motivos por los cuales dichos funcionarios han sido destituidos no han sido informados por el TSJ.

En un principio se aseguró que la Inspectoría de Tribunales realizaría un baremo, el cual serviría para determinar cuáles jueces continuarían en su puesto y cuáles no. Sin embargo, hasta el momento las autoridades del organismo rector del Poder Judicial tampoco han informado cuáles son los criterios que han sustentado su decisión de sancionar a unos funcionarios y a otros no.

jalonso@eluniversal.com