Carlos Lotuffo y Rafael Rondón, los alguaciles del Tribunal 31 de Control de Caracas que fueron detenidos el pasado viernes por la presunta comisión de hechos irregulares en la liberación del empresario Eligio Cedeño, fueron liberados.

La información fue confirmada por la abogada defensora de los funcionarios, Tailandia Márquez, quien explicó que en la tarde de ayer el Tribunal 50 de Control de Caracas, a cargo de la jueza Leidys Azuaje, otorgó la medida de libertad condicional.

El pasado sábado este mismo tribunal ratificó la privativa de libertad contra Lotuffo y Rondón y estableció como centro de reclusión la cárcel de Yare III.

La fiscal 56° nacional, Alicia Monroy Carmona, imputó a los procesados por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir.

Cabe destacar que un alguacil es un funcionario administrativo del Poder Judicial que está subordinado a las órdenes de un juez y que se encarga de brindar seguridad y apoyar sus decisiones; en ningún caso puede oponerse.

Este fue el argumento que, más temprano, esgrimieron los alguaciles de los tribunales penales, quienes se reunieron a las puertas del Palacio de Justicia para exigir la liberación de sus compañeros.

Con las chaquetas que los distinguen como trabajadores del Poder Judicial, volteadas como símbolo de protesta, cuestionaron la legalidad de la detención de sus compañeros.

Edgar Manrique, vocero del grupo, explicó que la protesta de los funcionarios perseguía solicitar una entrevista con el magistrado Eladio Aponte "para que aclare cuál es la función del alguacil: si vamos a seguir cumpliendo lo que establece el COPP, que es acatar las órdenes de un tribunal u otras normas".

Se refirió a las declaraciones del presidente Hugo Chávez en torno al caso y señaló que "criminaliza a los alguaciles de una forma falsa (...) La custodia de ese señor siempre ha estado en manos de la Disip. Es completamente falso que los alguaciles cooperaran con una evasión" que no hubo porque existe una orden judicial.

Manrique indicó que desde el mismo jueves han intentado hablar con la presidenta del Circuito Judicial Penal, Venicce Blanco, pero no lo lograron.

"Nosotros no teníamos que llamarla, sino que ella misma tenía que haberse presentado", dijo al tiempo que ratificó la necesidad de que se les aclare cuál es en definitiva la función del alguacil", dijo.

Indicó además, que sus compañeros "están destruidos pero están dando la cara. Son personas honestas, trabajadoras".

"Los apoyamos. Sólo seguían órdenes de la jueza, pero la soga se está reventando por lo más delgado" subrayó .

El grupo hizo hincapié en que la jueza María Lourdes Afiuni Mora "dijo que ella libró la boleta de excarcelación. Lo dijo en la audiencia preliminar, y asumió su responsabilidad (...) así que no hubo evasión".

Cambio de dirección En horas de la tarde de ayer se conoció que el magistrado Eladio Aponte Aponte asumió la presidencia del Circuito Judicial Penal y que Venicce Blanco pasó a ser la vicepresidenta. Extraoficialmente se conoció que el cambio obedece a todos los problemas generados por el caso de Eligio Cedeño.