El gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez Álvarez, cuestionó el rol que actualmente ejerce el Poder Judicial en el país y considera que carece de credibilidad y seriedad a la hora de dictar una sentencia.

"Queremos felicitar a los jueces, colegas, abogados también, pero lamentablemente el Poder Judicial, y no quiero generalizar, pero sí existe un grupo de jueces que politizan el tema y partidizan sus decisiones", aseveró.

Pérez Álvarez, en la inauguración de la rehabilitación vial en la parroquia Coquivacoa, exhortó al Tribunal Supremo de Justicia, al Ministerio Público, jueces, y al Colegio de Abogados a que tomen acciones y luchen a favor de que la justicia sea imparcial.

"Existe un cuestionamiento muy grande sobre la credibilidad del Poder Judicial. Estoy convencido de que la mayoría de los jueces son serios y honestos, pero hay una minoría que hace que la gente no crea en el Poder Judicial" enfatizó el funcionario.

Igualmente comentó el caso del banquero Eligio Cedeño y la jueza Lourdes Afiuni, -quien fue detenida por una comisión de la Disip- por dejarlo en libertad-. "Nosotros tenemos que ver cuál fue la decisión y por qué se persigue a alguien. Cedeño, tengo entendido, estaba solicitando ser juzgado en libertad como se juzga a Lina Ron y a otras personas vinculadas con el Gobierno nacional", señaló.

Dijo que el Gobierno nacional, al manejar y tener el control de la frontera colombo-venezolana, así como también del sistema de identificación y extranjería, debería tener bajo su dominio quién sale y entra del país. "Es decir, que alguien que tiene prohibición de salida del país es imposible que salga y si sale debe ser con el aval de funcionarios del Gobierno nacional", afirmó.

Por otra parte, el mandatario regional habló sobre el presupuesto deficitario que dispuso el Gobierno nacional para 2010, para todas las gobernaciones y alcaldías del país.

Reiteró que no es posible que al estar el precio del crudo en 60 dólares por barril, el Ejecutivo haya realizado sus cálculos con base en 40 y aseguró que con ese presupuesto "irreal" corren riesgo los programas sociales que impulsa la Gobernación zuliana.

María Teresa Luengo
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL