El Gobierno nacional ordenó congelar la actividad de 49 empresas y 78 de sus respectivos accionistas, entre los que suponen vínculos y relaciones con algunos de los responsables de la nueva crisis bancaria.

En los registros y notarías de todo el país reposa desde el pasado 7 de diciembre una circular con membrete del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia, que ordena paralizar cualquier acto o negocio jurídico en el que intervenga por sí o por un apoderado las personas y empresas señaladas, entre las que destacan los nombres de Tecnología Smarmatic de Venezuela y Santa Bárbara Airlines.

La lista de las compañías va desde el sector financiero y comercial hasta la industria de la construcción, el transporte y el agro, entre las que se encuentra Venarroz, propiedad de Ricardo Fernández Barrueco, el primer empresario en ser detenido el pasado 20 de noviembre tras una serie de irregularidades que iniciaron la intervención de ocho bancos nacionales.

Otras de las empresas con prohibición de enajenar y gravar bienes responden a los nombres de Inversiones 6308, Gamaria y Premier, a cargo de Gustavo José Mancera Font, uno de los nueve empresarios que se suponen fuera del país y sobre los que pesan desde el jueves órdenes de captura internacional en Interpol.

Los nombres de José Camacho Uzcátegui y Caribay Camacho de Castro, detenidos desde la semana pasada, también engrosan la lista, a través de otras cinco empresas congeladas: Inversiones Tierra Buena, Agropecuaria El Embalse, Agropecuaria Cartago, Agrícola Atabapo y Agrícola Cerro Azul.

Camacho Uzcátegui comparte con Fernández Barrueco las acusaciones hechas por la Fiscalía: distracción de recursos de los ahorristas, apropiación indebida de créditos y asociación para delinquir en el caso de los bancos Bolívar, Canarias, Confederado y Banpro.

La relación entre ambos va más allá de la habitual cliente-abogado. Además de su vinculación con las entidades financieras intervenidas por el Estado venezolano, Camacho Uzcátegui figura como socio en unas cuantas compañías del entramado empresarial capitaneado por Fernández Barrueco, lo mismo que su hija, la también abogada Caribay Camacho.

Esos y otros nombres esta semana han empezado a engrosar la lista especial del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, por lo que se les prohíbe vender, traspasar o alquilar sus bienes.

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