A cinco días de que la Constitución celebre la primera década de aprobada, desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) reconocen el rol que el texto ha jugado en el avance del goce y disfrute de garantías fundamentales como la educación o la salud. Sin embargo, para los representantes de la organización los resultados son "altamente insuficientes" si se toma en consideración los enormes fondos que ha administrado el Gobierno en esta década.

"Se ha podido hacer más para reducir la pobreza y para mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país", afirmó ayer el coordinador de la agrupación, Marino Alvarado, durante la presentación del vigésimo informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.

Tras informar que el área donde el Ejecutivo presenta el "saldo más lamentable" es el referido al de la seguridad ciudadana, el vocero indicó que entre octubre de 2008 y septiembre de 2009 contabilizaron 14.568 homicidios, 1.332 casos más que en el período anterior.

"Ha habido una gran desidia del Estado para abordar el problema (...) Sólo a finales de 2008 el presidente y otros altos funcionarios comenzaron hacer algunos esfuerzos en esta área", afirmó Alvarado, quien también reveló que el número de secuestros creció en 41,53%.

Asuntos preocupantes
El coordinador de Provea también exigió a las autoridades depurar las policías existentes y poner en marcha a la nueva Policía Nacional. La demanda la formuló, tras revelar que entre octubre de 2008 y septiembre de 2009 205 personas fueron ajusticiadas por presuntos agentes del orden público, cifra que aunque representa un 11,25% menos que el lapso anterior todavía es preocupante, pues indica que "las policías continúan asesinando y aplicando la pena de muerte a pesar de que está expresamente prohibida por la Constitución".

Alvarado exigió que la policía científica (Cicpc) sea reformada, por cuanto "es el cuerpo más denunciado de ejecutar y de torturar a personas. Nosotros registramos seis personas muertas como consecuencia de torturas".

Por su parte, el miembro de Provea, Rafael Uzcátegui, expresó su preocupación por el creciente número de manifestaciones (registraron 2.893 protestas, 64,09% más que el período anterior) y por la también creciente intolerancia de las autoridades ante ellas.

"Las cifras nos indican que una de cada 15 manifestaciones son reprimidas u obstaculizadas por los organismos de seguridad, cuando en el período previo era una de cada 20", indicó.

Como los últimos 10 años, Alvarado denunció la ineficiencia mostrada por la actual administración para enfrentar el problema habitacional.

"Las políticas para el sector siguen fracasando como lo demuestra el hecho de que por décimo año el Ejecutivo no cumplió su meta de construcción de casas", agregó.

Puntos positivos
En su informe Provea también reconoció los avances que se han dado en algunos ámbitos, como por ejemplo en Educación, donde aseguró que es el área en la que el Ejecutivo sigue consiguiendo logros en materia de inclusión. "Tanto la matrícula básica como la universitaria sigue creciendo y el Ministerio de Educación fue una de las pocas carteras que no vio recortado sus fondos", señaló Uzcátegui, quien aunque criticó la manera "irregular" como se aprobó la Ley Orgánica de Educación en la Asamblea Nacional afirmó que la misma se ajusta a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

Por último, el coordinador de Provea saludó iniciativas como las misiones Mercal y el proceso de reforma agraria, aunque pidió estar atento a las fallas que presentan y corregirlas.