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Caída del zar bolivariano

Ricardo Fernández Barrueco recibió un pagaré por 1.800 millones de dólares del Gobierno que le permitió montar una superred de distribución de alimentos luego del paro de 2002

Las empresas del grupo RFB contaron con la confianza del gobierno de Chávez para llevar adelante un plan de contingencia en la distribución de alimentos a partir del paro de 2002 (Enio Perdomo)
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FRANCISCO OLIVARES , FOLIVARES@ELUNIVERSAL.COM |  EL UNIVERSAL
domingo 29 de noviembre de 2009  02:43 PM




Mucho se ha dicho en estos días sobre Ricardo Fernández Barrueco, quien continúa preso en una celda de la policía política. Pero lo que muchos han olvidado de este personaje, que a los 20 años de edad comenzó como broker en la distribución atunera en Paraguaná y terminó convertido en magnate al frente de un imperio económico, es que se erigió como uno de los salvadores de la revolución bolivariana durante el paro general de 2002 que solicitaba la salida de Hugo Chávez del poder.

Su historia, como la de muchas figuras de la revolución, narra una épica ascendente, protegida desde las más altas esferas del poder, pero que abruptamente descendieron a velocidad vertiginosa para culminar en la soledad de una prisión, sin que se puede entender del todo cuál fue el juego inadvertido que se movió tras sus espaldas.

Fernández Barrueco no se hizo empresario de la noche a la mañana y mucho menos de la mano de Hugo Chávez. Pero su intervención en el paro de 2002 fue clave para sostener al Presidente, quien al mismo tiempo lo catapultó para convertirse en uno de los más importantes e influyentes empresarios de la Quinta República.

En períodos anteriores supo aprovechar oportunidades y relacionarse apropiadamente para hacer más efectivos sus negocios. Desde los tiempos de Carlos Andrés Pérez y atravesando los cinco años de Rafael Caldera estableció sus primeras empresas en el área agroindustrial a pulso con personajes y políticos del momento.

Ya desde comienzos del gobierno de Hugo Chávez el empresario caraqueño, pero hijo de emigrantes españoles, se había relacionado con las nuevas élites políticas del chavismo.

Tiempo antes del paro de 2002, cuando el grupo Ricardo Fernández Barrueco (RFB) ya había consolidado sus inversiones en el sector agroindustrial, el Gobierno lo contactó para pedirle que se hiciera cargo de las cosechas que la Polar había desistido en comprar. El Gobierno necesitaba un competidor que le quitara espacio a la Polar, considerada enemiga de la revolución.

A partir de allí logra contratos importantes con el Gobierno, obtiene préstamos por 180 millones de dólares y expande su flota de camiones con 3 mil unidades. En poco tiempo se transforma en el principal proveedor de los programas de alimentación del Estado y en el rubro de harina de maíz pasa a cubrir hasta 20% del mercado liderado por el grupo Polar. Compra nuevas empresas, como Proarepa que se convertirá en una de las compañías más productivas del grupo, adquiere empresas ya posesionadas como Demaseca, Monaca y Protinal. Las operaciones para el año 2001 reportan ganancias de 500 millones de dólares.

El paro de 2002

Como se recordará en diciembre de 2002 estalló el paro petrolero que se extendió por dos meses. Si bien el país había quedado prácticamente paralizado, las empresas de Ricardo Fernández, ya ligadas al Gobierno decidieron no acatar el llamado a paro, así como otras multinacionales del ramo alimentario como Cargill, Monaca, Nestlé, Purina, Proagro y Parmalat, entre otras.

El papel jugado por el grupo RFB fue crucial para mantener la distribución de alimentos que se había paralizado durante el conflicto para finalmente "quebrar" la huelga que había puesto en jaque al gobierno de Hugo Chávez. En el segmento de alimento, Fernández jugó el mismo papel que Wilmer Ruperti en el sector petrolero, al movilizar una flota de tanqueros que llevaron el petróleo a los mercados internacionales.

Superada la etapa del paro empresarial, el Gobierno había aprendido la lección y en previsión de futuras acciones similares convocó a Ricardo Fernández, ahora "empresario de confianza" para que organizara un plan de contingencia mediante un "acuerdo de producción" que debería operar permanentemente ante eventuales amenazas de sectores opositores, lo que incluía cubrir un año de inventario.

Según informara el mismo Fernández Barrueco, el grupo RFB aceptó firmar un acuerdo, pero con ciertas exigencias. La más importante era un adelanto de 1.800 millones de dólares el cual fue autorizado desde Miraflores y se otorgó mediante un pagaré del Banco Industrial de Venezuela. Además del dinero, cuyo monto significaría el presupuesto de varias gobernaciones juntas, el empresario bolivariano exigiría protección militar para todas sus operaciones.

A partir de allí se produjo el gran salto económico del grupo para convertirse en un magnate del área agroindustrial lo que le permitió expandir sus empresas y comprar compañías que habían quebrado durante el paro como Algodonera Mata, la aceitera CAICA y Pronutricos.

Con el impulso económico obtenido, retoma las inversiones en el ramo atunero. Obtiene un préstamo de US$ 200 MM y financia la compra del Astillero Braswell en Panamá que emplea a unas 1.500 personas y adquiere además una flota de 13 buques atuneros que le reportarían importantes ganancias, gracias al aumento del precio del atún en los mercados internacionales.

Un imperio de US$ 1.500 MM

El grupo económico de Ricardo Fernández está constituido por 270 empresas con un valor estimado de US$ 1.500 MM. Cabe señalar que cuando un empresario llega a esos niveles sus operaciones requieren de la movilización de importantes flujos de capital a través del sistema bancario nacional e internacional.

Como empresario al que se le ha vinculado a la familia presidencial y a la política, sus operaciones han sido unas de las más vigiladas en los últimos años. De ello se conocen reportes desde el año 2005. Especialmente se le ha investigado por el alto número de empresas registradas, tanto en Venezuela como en el exterior, algunas de ellas vistas como "empresas de maletín".

Estos dos aspectos en el perfil del empresario han obligado a bancos y operadores financieros relacionados con el empresario Ricardo Fernández, a realizar indagaciones sobre su gestión financiera. Especialmente eso ocurre cuando hay dudas con un cliente en cuanto al origen de sus fondos, operaciones con múltiples empresas o un patrimonio no justificable. Entonces se establece una detallada investigación.

De las investigaciones practicadas, al menos dos instituciones financieras enviaron reportes de registros de actividades ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Hay que destacar que a pesar de las vinculaciones políticas con el entorno gubernamental que maneja Fernández, en ninguna de sus empresas aparece como socio alguna figura importante del Gobierno o de la familia presidencial. Pero sí se detectan empresas con poco patrimonio y traspasadas a los pocos días de haber sido registradas sin una justificación precisa.

La mayoría de estas empresas (152) están registradas en Venezuela. 75 tienen sede en Panamá, 7 en EEUU, 2 en Guatemala, 10 en España, 3 en Ecuador, 10 en Curazao, 1 en Brasil, 4 en las Islas Vírgenes y 2 en Belice.

De estás empresas sólo 21 están en plena producción en actividades de bienes y servicios en el área agroindustrial, distribución y de pesca.

Otro grupo de empresas (22) han sido vendidas o traspasadas a terceros en los últimos años y otras nueve están en asociación con terceros, pero forman parte del grupo empresarial.

El resto (214) son empresas financieras que habrían sido constituidas para obtener créditos bancarios. Outsourcing que fueron creadas para tercerizar algunos servicios del mismo grupo. Y otras destinadas a la compra de muebles o inmuebles.

La mayoría de las empresas que no aparecen operativas fueron constituidas con un capital de un millón de bolívares; es decir mil bolívares fuertes (BsF 1.000).
Como ejemplo citamos el registro de la empresa Agropecuaria Alajuela. Fue constituida en fecha 21 de marzo del año 2007 por ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital bajo el número 43 Tomo 1532A, con un capital de Bs 1.000.000,00 (BsF 1.000,00). Pero el 28 de marzo de ese mismo año es vendida la compañía a un tercero de nombre Franklin Antonio Durán Montáñez.

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