Tegucigalpa.- La Corte Suprema de Justicia hondureña determinó que el derrocado presidente Manuel Zelaya no deberá ser restituido en el poder mientras existan órdenes de captura en contra de su persona.

Dicha opinión fue entregada al Congreso para que ese organismo la considere en la votación del próximo 2 de diciembre en la que decidirán si Zelaya puede o no volver al cargo del que fue depuesto por un golpe de Estado el 28 de junio, dijo AP.

"Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto", el Congreso Nacional "cuenta con información para analizar el contexto general de las actuaciones oficiales y públicas" de Zelaya, según un comunicado emitido por la Corte tras entregar su informe a la secretaria adjunta del Congreso, Ana de Lanza, citó AFP.

De este modo, podrá "valorar si las mismas se realizaron en apego a lo dispuesto en la Constitución de la República, el orden jurídico preestablecido y en consonancia con su condición de funcionario público, sujeto a la ley", agrega el comunicado.

"Es lo mismo que dijo la Corte el 21 de agosto, mientras tenga cuentas pendientes con la Justicia no puede regresar al poder'', afirmó el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Danilo Izaguirre.

El máximo tribunal había advertido que si Zelaya regresaba al país tras el golpe de Estado, cuando fue derrocado y expulsado a Costa Rica, sería detenido para responder ante la Justicia, que lo acusa de 18 delitos

Zelaya regresó a Tegucigalpa tras entrar clandestinamente en el país y se refugia desde el 21 de septiembre en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.

En ese entonces, la Corte también rechazó la posibilidad de una amnistía aduciendo que existe un proceso penal contra Zelaya y que "la única forma de finalizar o suspender estos procesos penales es de conformidad a lo regulado en nuestra legislación" y que "cualquier arreglo de tipo político debe pasar por el respeto a la legalidad y el control jurídico".

La decisión final fue tomada el miércoles con el voto de 14 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque la orientación del dictamen no ha trascendido, el presidente de la Corte, Jorge Rivera, declaró que la misma se "sustenta en seis delitos", entre ellos, el de traición a la patria, desobediencia a órdenes judiciales, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.

La opinión de la Corte es la última de cuatro que el Congreso requirió para votar sobre el tema. Es la única cuyo contenido se conoce ya que la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y el comisionado de Derechos Humanos no revelaron cuál fue su dictamen.

En tanto, los hondureños se preparan para ir a las urnas el próximo domingo.