La política del "rescate de tierras" que viene aplicando el Gobierno, lejos de potenciar la producción primaria nacional lo que ha generado en los últimos años ha sido desestímulo y desinversión tanto en la ganandería como en la agricultura.

Los productores temen que las intervenciones que aplicó el Instituto Nacional de Tierras (INTI) este lunes en Guárico, Zulia y Táchira, entre otras entidades, afecten aún más la producción que se encuentra deteriorada.

A pesar de que los funcionarios del Gobierno han aseverado que las fincas afectadas por la medida se encontraban ociosas, los gremios que representan a los productores, así como los mismos propietarios, aseguran que se encontraban produciendo a máxima capacidad.

Además de las regulaciones que enfrenta el sector agrícola en materia de precios y comercialización, este año ha padecido las peores condiciones climáticas de los últimos tiempos lo que ha mermado la producción.

En descenso
En el caso de Guárico -donde se intervinieron nueve predios- las fincas ubicadas en la cuenca del Río Tiznado produjeron en la última zafra, que acaba de culminar, 70 millones de kilos de maíz entre blanco y amarillo, que representa 30% de los 190 mil toneladas que produjo este año esa entidad, informó Carlos Albornoz, director Nacional de Fedeagro. Pero este año la producción de maíz en esa región, como consecuencia de la sequía, cayó 75% respecto a 2008, al pasar de 575.000 toneladas el año pasado a 190.000 recolectadas en 2009 .

El estado Guárico aporta entre 55% y 58% del maíz que se consume en todo el país.

Los productores de esa entidad consideran que las intervenciones de tierras productivas son negativas para el desarrollo del aparato productivo interno, pues los predios se entregan a personas que no están capacitadas para mantenerlos productivos y con el tiempo terminan por convertirse en lo que el Estado penaliza: tierras ociosas.

En Zulia fueron intervenidas dos fincas, cuya actividad estaba dirigida a la ganadería de doble propósito.

Carlos Benavides, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Municipio Colón (Aganaco), informó que la hacienda La Milagrosa, propiedad de Manuel Rosales, procesa entre 1.000 y 1.300 litros de leche diarios, entre 50 y 60 novillos por trimestre, y unos 15.000 kilos de plátano por quincena.

Indicó que esta intervención mermará aún más la producción primaria en la entidad, que ya ha disminuido entre 60% y 70% en los últimos seis años.

Recordó que en la zona de Machiques se han dejado de producir más de 230.000 litros de leche y una importante cantidad de carne, producto de las intervenciones e invasiones.

Hasta hace un mes, según las cifras que Aganaco maneja, el rescate de tierras iba por el orden de 2.150.000 hectáreas en todo el territorio nacional.

El lazo del INTI llegó hasta el Táchira donde en esta oleada ha sido intervenida una finca, propiedad del ganadero Giuseppe Gianetti, pero la Asociación de Ganaderos de la entidad (Asogata) conoce por lo menos unos ocho expedientes de expropiación en la entidad.

Gustavo Spósito, vicepresidente del gremio, dijo que más allá del tema legal, la expropiación de fincas genera temor en los productores de la región, y de esta manera afecta la inversión en el campo.

De hecho, producto de la amenaza a la propiedad privada, la inseguridad y los efectos del control de precios, el Táchira descendió del tercer al sexto puesto en producción de leche y carne en todo el país.

Las preocupaciones
Fedeagro rechazó las inversiones de las fincas en el Valle del Tiznado, y dijo que el agro atraviesa momentos críticos por la sequía que afectó considerablemente la superficie sembrada. "Demandamos la solidaridad del Gobierno y no la política de intervención de fincas productivas, que nos alejará más de obtener resultados positivos en el sector", dijo Pedro Rivas, presidente de Fedeagro.

Los productores están preocupados porque temen que el Estado no cumpla con el pago de las propiedades y de las bienhechurías, que representan el trabajo de esas familias.

Hasta ahora, ni el INTI, ni el MAT han dicho si cumplirán o no con esas obligaciones.

Carlos Albornoz, director de Fedeagro, manifestó que los productores se debaten en el dilema del qué hacer, porque no pueden impedir que les quiten sus tierras y tampoco tienen la oportunidad de sentarse con los funcionarios del Gobierno para buscar una salida.

"Los productores no están en contra de las expropiaciones, pero solicitaron que se cancelaran las bienhechurías de esas fincas antes de que el INTI tomara posesión", agregó.

Nuevo modelo
Durante la inauguración ayer de la perforación de pozos de agua en Guárico, el gobernador William Lara señaló que "la revolución ha hecho una inversión de más de $500 millones en el sistema de riego del río Tiznado y cómo justificaríamos nosotros una inversión como esa para beneficiar a sólo 22 productores viva la pepa". Informó a través de VTV que van a establecer un nuevo patrón de parcelamiento, entre 80 y 100 hectáreas por productor, para que siembren rubros según la fertilidad de esas tierras.

El modelo productivo estaría enmarcado en la economía socialista y la propiedad colectiva.