Los Teques.- En el Instituto de Policía de Miranda cursan 27 denuncias por secuestro en 2009. Extraoficialmente se conocen unos 50 casos de plagio, donde las principales víctimas son comerciantes y agricultores o sus familiares, incluidos menores, de los Altos Mirandinos.

Hasta 2008, esta modalidad de delito venía afectando, principalmente, a los habitantes de Los Salias y Carrizal. Sin embargo, desde el pasado junio, los criminales han puesto el blanco en los empresarios de Los Teques, San Pedro y San Diego.

Han sembrado el pánico entre sus allegados, no sólo por la angustia de perder al ser querido, sino por la necesidad de reunir las millonarias sumas de dinero que los delincuentes exigen a cambio de la liberación.

Pero un buen porcentaje de comerciantes está a merced de un pago de vacuna para evitar el plagio, aunque las autoridades policiales desconocen estas versiones, porque los afectados no han formulado denuncias al respecto. El llamado del jefe de la delegación del Cicpc en Miranda, Ramón Silva Torcat es a que los afectados acudan a participar estas irregularidades.

"La única manera de frenar a las bandas delictivas que operan en el estado, es denunciando los hechos", dijo.

"Si no hay denuncia, no hay delito que se pueda investigar", declaró igualmente el director de Polimiranda, Elisio Guzmán.

Entretanto, los responsables de concesionarios, ferreterías, panaderías y grandes empresas productoras de bienes y servicios en los tres municipios de la subregión, sufren la angustia de ser raptados en cualquier momento y hora del día.

Un comerciante, quien pidió no ser identificado, indicó que ya es común entre los comerciantes tener guardaespaldas, aunque esto sirve de poco, porque son familias completas las que están siendo extorsionadas. "Lo que está sucediendo es que la gente está sacando a sus familias del país, y los comercios incluso están cerrando porque todos tenemos miedo".

El comisario Juan Pereira, jefe del Cicpc de Los Teques, indicó que los secuestradores forman parte de grupos vinculados con delincuentes presos, quienes giran instrucciones por medio de teléfonos celulares.

Aseguró que los aparatos son reciclados constantemente y que las bandas utilizan la forma de extorsión, con personas que ubican por medio de redes sociales electrónicas.

"Comienzan amenazando con secuestrar a sus familiares, de quienes poseen datos precisos. Solicitan determinadas sumas de dinero, y si las personas alegan no poseer el monto negocian saldos en tarjetas telefónicas para continuar sus operaciones".

En el caso más reciente, donde la víctima fue el ferretero, Narciso Nóbrega, quien fue secuestrado el martes 10 de noviembre y liberado el sábado 14, se manejó la hipótesis de que tres funcionarios de Polimiranda estarían implicados.

Según los datos aportados por allegados al comerciante, tres efectivos activos del Iapem serían los autores intelectuales.

Guzmán dijo haber solicitado al Cicpc información y los nombres de los funcionarios supuestamente descubiertos.

"El comisario Silva Torcat me indicó que no tenía esos datos, por lo que presumimos que son especulaciones. No obstante, estamos prestos a continuar con la depuración del organismo, porque no vamos a encubrir a nadie. Tenemos 14 oficiales a la orden de la Fiscalía, porque quien se pone del lado opuesto a la ley debe sufrir las consecuencias".