Dispuesto a ampliar sus dominios y sumar al rompecabezas agroindustrial cuatro entidades financieras, Ricardo Fernández Barrueco concretó la compra de los bancos Bolívar, Banpro, Confederado y Canarias, pero dudas sobre el origen de los fondos, así como el incumplimiento de un cúmulo de normas administrativas, han desencadenado la actuación de las autoridades.

Junto a la intervención a puertas abiertas de los cuatro bancos, que entrega la administración al Estado y permite a los depositantes disponer de su dinero libremente, se ha tomado la decisión de invalidar la compra del Bolívar y el Canarias.

En el caso del Banco Bolívar, las autoridades ordenan "la no viabilidad del traspaso de las acciones a favor de la empresa Galopy Corporation International NV y su accionista Ricardo Fernández, por no demostrar el origen de los fondos para su adquisición y de los incrementos de capital social, experiencia en la actividad bancaria y capacidad patrimonial".

Fuentes financieras afirman que la operación entre Ricardo Fernández y los antiguos accionistas del Banco Bolívar incluye una cláusula de irreversibilidad amparada en el Código de Comercio.

Las dudas sobre la fuente de donde emana el dinero también abarcan al Banco Canarias, que al cierre de octubre cuenta con un capital de 274,2 millones de bolívares fuertes, de los cuales 270 millones, es decir, 98,5%, "no fueron autorizados por la Superintendencia por no demostrar el origen de los fondos".

En diciembre de 2008 los directivos del Banco Canarias le propusieron a la Superintendencia un plan para incrementar el capital, donde la empresa Credican y U21 aportarían 965 millones de bolívares fuertes a través de la compra de dos notas estructuradas.

La Superintendencia colocó una serie de objeciones al origen de los fondos.

Alí Rodríguez, ministro de Finanzas, señala que "hay una norma que fija la obligatoriedad. Si vas a comprar un banco (los fondos) pueden ser de corrupción, de narcotráfico, todo el que pretenda comprar acciones tiene que demostrar el origen de los fondos".

Para comprar el Canarias, Ricardo Fernández estructuró una ingeniería financiera donde Banpro, a pesar de tener prohibido realizar inversiones por el incumplimiento de los índices de solvencia patrimonial, adquirió las acciones del Canarias mediante una oferta pública.

El 29 de septiembre de este año la Superintendencia de Bancos ordenó a Banpro "revertir la operación de compra".

Los créditos relacionados también están presentes. La Superintendencia detecta que tanto Bolívar, Confederado y Banpro conceden "financiamientos a través de sobregiros a las empresas pertenecientes al grupo Ricardo Fernández Barrueco".

En una de estas transacciones, registrada por la Superintendencia en un oficio del 26 de junio de 2009, se indica que el Banco Bolívar, a través de sobregiros en las cuentas corrientes, les presta a las compañías de Ricardo Fernández 398,4 millones de bolívares fuertes.

A raíz de incumplimientos en las reservas que los bancos deben tener para enfrentar la eventualidad de no cobrar créditos morosos, del índice de patrimonio que obliga a que el dinero propio represente al menos 8% de los activos y deficiencias de liquidez, la Superintendencia ordenó una serie de medidas que, entre otras cosas, prohibían realizar inversiones.

No obstante, Bolívar, Banpro y Confederado violan esta disposición y adquieren certificados de participación de la empresa Inverfactoring por 1.200 millones de bolívares y participaciones de Activos Corporativos AG por 613 millones de bolívares a través de notas estructuradas.

Detenido en la Disip

A solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 11° de Caracas acordó orden de aprehensión contra Fernández Barrueco. Se emitió por la presunta comisión de delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia y en la Ley de Bancos. Al mediodía de ayer efectivos de la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) allanaron la residencia de Fernández, quien no se encontraba allí.

A las 4:00 p.m. se presentó voluntariamente en la sede de la Disip, en El Helicoide, acompañado de sus abogados. Fue recibido por el director del cuerpo policial, Miguel Rodríguez Torres, Se le informó que debía permanecer en El Helicoide.

Corresponderá a los fiscales 53° y 73° nacionales, Ana Isabel Hernández y Daniel Medina, respectivamente, presentarlo ante el Tribunal.