Con la experiencia de haberse desempeñado como secretaria de Estado de Seguridad en Río de Janeiro, una de las ciudades más inseguras del mundo, Jac-keline Muniz, experta en criminalidad, considera relevante aclarar que no es igual aplicar una política de seguridad de Estado para toda la población que ejecutar un programa de protección para salvaguardar los intereses de algunos sectores.

Brasil, asegura la académica invitada por el Consejo General de Policía a participar en el seminario internacional El reto de construir un nuevo modelo policial, aprendió después de muchas muertes que la violencia en San Pablo y Río de Janeiro exigía una política de seguridad, construida a partir del consenso social, que entre otras consideraciones "blindara a la policía del uso político partidista y de los intereses privados".

"Cuando los gobiernos se apropian del sistema policial y de justicia para lograr proyectos de poder es porque la democracia es muy frágil y tiene poca institucionalidad", advirtió la ex secretaria de Seguridad del Ministerio de Justicia en la primera gestión del presidente Luiz Ignacio Lula da Silva.

-En Venezuela, el Gobierno adelanta un proceso de reforma policial. ¿Cuáles serían las claves a considerar para lograr dicha transformación y su impacto en los índices de criminalidad?

-En los procesos de reforma policial que tienen lugar en los países con democracia consolidada hay ciertos puntos esenciales que se deben considerar para ejercer el control policial y garantizar la gobernabilidad, y sin los cuales no es posible que las políticas gubernamentales lleguen a la calle.

En primer lugar, para sostener la estabilidad democrática y evitar que las fuerzas se emancipen de la sociedad o del Gobierno es necesario que todos los organismos de fuerza estén bajo el mando civil, subordinados a autoridades electas. En el caso de la Fuerza Armada, subordinados a un ministro de la Defensa designado por un gobierno democráticamente electo. Esto facilita el cumplimiento de políticas públicas aprobadas por la sociedad y evita la posibilidad de gobiernos paralelos.

En segundo lugar, no es saludable que se mantenga el monopolio policial. En democracia es necesario que el poder policial esté parcelado en varias organizaciones: federal, estatal, municipal, a fin de evitar que la estructura policial se cree más fuerte que la estructura de Estado. Además es necesario porque el primer nivel de control de las prácticas policiales es la sociedad y cuanto más cercano a los ciudadanos esté la policía, más estará sometida a las exigencias de las políticas públicas del Estado y de la comunidad.

La combinación de controles sociales y gubernamentales es lo que hace a la policía democrática, obediente, subordinada al mandato público.

-¿Cuáles serían los controles gubernamentales?

-El Gobierno debe elaborar marcos legales transparentes y coherentes, impartir directrices claras, definir responsabilidades en la materia de seguridad y establecer mecanismos regulares de rendición de cuentas. Además debe promover un debate público permanente sobre el presupuesto de las policías, porque la sociedad tiene que saber y aprobar si se invierte más en investigación o en patrullaje. Los presupuestos no pueden ser secretos, tienen que debatirse con la sociedad. Y es fundamental que los marcos legales e institucionales de las policías se construyan sobre la base de patrones y estándares, previamente consultados con los policías y la sociedad. Sin consentimiento social cualquier práctica de seguridad se convierte en opresión, no importa cuán buena sea. Los requisitos fundamentales para tener buenas prácticas policiales son el consentimiento, la credibilidad, la confianza en los instrumentos de Estado, sobre todo en los instrumentos de fuerza y de justicia. Los estándares deben ser producto de la negociación entre el Gobierno, la Policía y la sociedad en su diversidad de intereses.

-¿Cómo lograr consenso y confianza en un país tan polarizado como Venezuela?

-En cualquier país federal hay que construir procesos de coalición política, de consenso. Hay que pactar y es necesaria la oposición para perfeccionar los procesos. Cuando las prácticas gubernamentales, sobre todo las prácticas policiales, no tienen como base el consentimiento social, se convierten en instrumentos de opresión que sabotean al Gobierno, a la sociedad y a los propios policías, que no saben qué pueden o no hacer.

Tiene que haber una consulta a la población, una interlocución franca, clara, directa con los medios de comunicación, es necesario. La reforma policial presupone también la construcción de una política comunicacional que permita transitar de manera tranquila, transparente y responsable el camino hacia un pacto de seguridad ciudadana. Es necesario que los ciudadanos sean regularmente informados de los indicadores y estadísticas de la violencia para que puedan desarrollar estrategias de autoprevención. Una sociedad cerrada, sin un diálogo con los medios de comunicación, favorece la inseguridad.

-¿Es posible alcanzar ese consenso si la oposición denuncia que el Gobierno violenta el pacto social por excelencia: la Constitución, cuando orienta hacia el socialismo sus políticas públicas?

-Si tenemos un debate partidista, oportunista, ¿cómo vencerlo? A través de la movilización social, porque ningún político del mundo lucha contra su elector. Los electores tienen la soberanía y la capacidad de decir: no queremos esta política.

-¿Cómo evitar en un futuro que los intereses políticos partidistas priven sobre el beneficio social en la actuación policial?

-Ese es el reto principal. La Policía es un instrumento muy poderoso, con el cual se puede censurar la vida de otros. Todos los procesos de reforma policial en el mundo deben blindar a las policías del uso político partidista, a fin de evitar que se saboteen los derechos y la democracia y se instaure el despotismo y la opresión. Pero también deben blindar a la Policía de los intereses privados, que generan privilegios y clientelismo, y de los propios agentes, para que no se apropien del poder en beneficio personal y surja la corrupción, el tráfico de influencia y los mandos paralelos.

Ahora, el problema es político y la solución tiene que ser política, porque la tecnología y el equipamiento se pueden comprar. Puedes tener una ¨Policía tecnológica, pero no democrática y comprometer los procesos electorales. La cuestión es política, de negociación, mas no partidista. La partidización de la seguridad, de las organizaciones policiales, atenta contra los procesos democráticos.

Con mecanismos de control externo, estándares, un marco legal consistente, programas claros de incentivos y sanciones, rendición de cuentas y los medios de comunicación se puede blindar a las policías para que se emancipen del Gobierno y la sociedad, y a la vez los gobiernos y los grupos de interés económico no se apropien de ellas.

mdespinoza@eluniversal.com