Agua y energía

Nuestros antepasados cazadores y recolectores disponían individualmente de agua en ríos y lagos y de leña para cocinar y superar el frío. Vivir en sociedades obligó a soluciones colectivas y generó avances notables. De las acequias nacieron acueductos romanos y energía para moler granos. Agregamos los molinos de viento y desde entonces no hemos dejado de progresar.

Hoy en día agua y energía son servicios colectivos que en todo el mundo los consumidores pagan por lo recibido con base en tarifas calculadas para operar, mantener y reponer los sistemas pero en Venezuela las tarifas obedecen a razones políticas, no administrativas. Se calculan a ojo para mitigar crisis y nunca se ajustan de acuerdo con la inflación porque los políticos temen que si lo hicieran podrían perder votos y empleos. Los que pagamos no sólo cumplimos obligación sino que además subsidiamos a otro suscriptor porque la mitad de la población no paga.

Dado que los contribuyentes cumplimos nuestra parte del convenio, tenemos el derecho de exigir servicios eficientes. No hay por qué aceptar el intento ridículo e infantil de atribuirnos culpas causadas por funcionarios incapaces ni la sugerencia de utilizar totumitas y linternas, causas de burla en el mundo, al igual que ocurrió con el atraso de la hora propuesto para ahorrar energía y que en realidad ha producido lo contrario. Las personas que proponen al Gobierno estas peregrinas ideas merecen ser execradas de la administración pública para siempre.

Otras propuestas bufas, similares a las mencionadas, podrían ser que la Asamblea Nacional y su Contraloría General, así como otras dependencias, abrieran sus oficinas sólo dos días a la semana, lo que además de ahorrar electricidad, teléfonos y agua complicaría menos el país. Cortar la electricidad en todas las emisoras y televisoras oficiales al momento de transmitir cadenas ahorraría energía pero serían demasiado fuertes las quejas de los humoristas. Poner fuera de funcionamiento los semáforos es una alternativa algo drástica pero el caos resultante ahorraría electricidad y combustible pues muchas personas trabajarían desde sus viviendas.

Dejando atrás la guasa, cabe aspirar a que se actúe con seriedad, corrigiendo los atrasos en mantenimiento, actualizando las infraestructuras y adoptando medidas políticamente riesgosas como cobrar a todo el mundo el servicio suministrado y calcular las tarifas de acuerdo con los costos para que los entes responsables dispongan de autonomía y recursos. Estas medidas son esenciales para garantizar la prestación de los servicios pero sólo serán aceptadas a cambio de planes de obras con garantía de ejecución. La historia justifica el pesimismo pero si no se cambia la improvisación por el conocimiento nos quedaremos sin servicios y entonces habremos llegado a un llevadero que ningún conflicto externo hará perdonar, sobre todo si es imaginario. Quizás sea el momento oportuno para calificar a la incompetencia como un delito, tan dañino o peor que la corrupción por llevar implícito el engaño de ofrecer lo que no se sabe cómo cumplir.

vartis@cantv.net