Nuestro gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, lanzó hace pocos días una solicitud pertinente y urgente, la de que los gobiernos de Brasil, Chile y Uruguay (y/u otros) sirvan de mediadores en la actual crisis colombo-venezolana, la cual está creando un clima propicio para la confrontación militar. Si bien no creo probable que se llegue a desatar una guerra convencional entre ambos países, sí puede enquistarse en la larga frontera que comparten una situación bélica permanente, una especie de zona de guerra limitada, la cual sólo ayudaría a avivar la violencia de todos los grupos irregulares que hacen vida en la frontera y servir de foco para la desestabilización regional.

La propuesta de Pérez Vivas no es la misma que la recién planteada desde el gobierno de Lula da Silva, en torno a una mediación para un nuevo diálogo entre Hugo Chávez y Álvaro Uribe. La situación fronteriza es tan delicada, tan explosiva, que ya no basta un nuevo acercamiento pragmático entre dos mandatarios con intereses y posiciones ideológicas tan opuestos, con tan poca voluntad de entendimiento. No basta un nuevo encuentro que sólo sirva para frenar la actual escalada de acusaciones e insultos entre ambos, y a medio normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales bilaterales.

Ello es necesario, pero insuficiente. El momento amerita el involucramiento activo de actores foráneos y neutrales -personalidades con autoridad, gobiernos democráticos y entes multilaterales como la OEA, el Mercosur, la CAN, G-Río, entre otros- a fin de que Uribe y Chávez suscriban acuerdos de no agresión militar y de no intervención en los asuntos domésticos de cada país.

La mediación internacional también podría servir para una vigilancia y control más efectivo en la frontera, para desactivar ciertas estrategias de uso político-electoral del tema a las que, con sus diferencias, han recurrido los dos gobiernos para afianzar sus propios proyectos políticos, y hasta para evitar que Chávez se aproveche de la situación fronteriza para nombrar al Táchira y al Zulia como zonas de conflicto y remover así a sus gobernadores legítimos.

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