La reforma en la Ley de Extranjería española ha sido calificada como una normativa que presenta retrocesos en lugar de avances, según indican diversas Organizaciones No Gubernamentales y partidos políticos, entre los que se destaca el conservador Partido Popular (PP).

El proyecto de cambios surgió como una necesidad debido a las diversas sentencias del Tribunal Constitucional, que exigen el reconocimiento de los derechos fundamentales a todos los inmigrantes sin importar su "situación administrativa". Así como por la transposición de la normativa europea a la legislación española.

"El problema es que se ha aprovechado esta reforma no sólo para modificar estos artículos y la transposición de estas directivas, sino para modificar otros muchos artículos que no tienen nada que ver con estas dos razones", argumenta Cristina Olmedo, directora jurídica de la ONG Red Acoge.

Castigo desproporcionado
Uno de los puntos más criticados por quienes se oponen a la reforma es el aumento de 40 a 60 días de internamiento a los inmigrantes ilegales. Olmedo afirma que se ha pretendido justificar esta medida argumentando que facilitará el proceso de expulsiones, lo que a su juicio no es cierto, ya que para acelerar este proceso lo que hace falta son recursos.

La directora jurídica de Red Acoge señala, además, que una persona que ha cometido un delito administrativo, como emigrar ilegalmente, no puede ser detenida por más de 40 días. "Por eso entendemos que esta medida podría llegar a ser incluso inconstitucional" agrega.

Asimismo, se critica la puesta en práctica de un nuevo supuesto sancionador que establece castigos para los españoles que les brinden ayuda a los inmigrantes ilegales.

Sin embargo, el proyecto de reforma presenta avances al permitirles a las ONG entrar a los campos de internamiento sin necesidad de ser llamados por los retenidos.

Menos derechos
Otro punto controversial es el de la reagrupación familiar, que sólo será permitida para la familia nuclear (padres e hijos) y limitará la de los ascendentes menores de 65 años. Según un comunicado de CEAR, Red Acoge y Caritas datos de la Administración pública afirman que tan sólo 450 ascendientes fueron reagrupados, cifra que las ONG consideran, no es tan significativa como para implementar una norma de esas características.

Un análisis del tema publicado por la Coordinadora ONG para el desarrollo de España explica que el proyecto niega "el acceso a la educación posobligatoria a la población extranjera mayor de 18 años e impide el acceso de los menores a la educación infantil en contraste con el mandatario del Tribunal Constitucional".

Los inmigrantes infantiles también se verán afectados por un artículo que les permitirá a las ONG tener la tutela de los niños abandonados. "No estamos de acuerdo, porque creemos que es la mejor forma de que una comunidad autónoma se quite el problema", afirma Olmedo.

La ley fue aprobada en el Congreso y pasó al Senado, amenazando con complicar la vida de los emigrantes, quienes esperan que una institución como el máximo Tribunal de Justicia emita un pronunciamiento.