Aunque el ministro de Energía Eléctrica, Ángel Rodríguez, señaló que en la elaboración del nuevo pliego tarifario se tomará en cuenta la opinión de las comunidades, ya el Gobierno tiene la determinación de pechar el consumo excesivo de energía eléctrica en el país.

Desde hace más de seis meses las autoridades han estudiado diversos escenarios en los que se movería este ajuste, pero en todos priva el denominador común de cobrar más a los usuarios de mayor consumo, como una manera de reducir en 20% la demanda energética.

Pareciera ésta una propuesta innovadora, pero en el pliego vigente se incluyen varias categorías de suscriptores y sus respectivas bandas, con propósitos similares. El equipo sectorial del entonces Ministerio de Energía y Minas (MEM, 1999) revisó el esquema tarifario a cuatro años que heredara de la administración Caldera y acordó disminuir el impacto del ajuste en forma porcentual y temporal, con el propósito de evitar la afectación en los consumidores, especialmente los de menores ingresos.

Recientemente el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, informó la composición del consumidor eléctrico y sus características. Refirió que el sector de consumo residencial social, que tiene una demanda de hasta 300 kilovatios al mes, no se verá afectado y seguirá siendo beneficiado con tarifas bajas.

"Estamos hablando de 1,3 millones de usuarios que disfrutan de una tarifa social y sólo consumen 5% de la energía del país. Ese grupo no tendrá ajuste de tarifa, comentó. Tampoco será afectada la población que se sitúa en el sector residencial donde el consumo promedio es de 500 kilovatios hora-mes. Pero aquellos que superan ese consumo y que no tienen ningún límite, serán controlados. "En ese caso se establecerá un techo para racionalizar el uso de la electricidad. No es posible que haya casas donde dejan encendido el aire acondicionado todo el día aunque no esté nadie".

 

Más es menos y menos es más
El funcionario precisó que en el país hay 5 millones 381 mil usuarios con una demanda total de 114 mil 017 gigavatios-hora al año (GWh/a) cuyo comportamiento se expresa de la siguiente manera: "la categoría residencial social corresponde a 1 millón 300 mil usuarios y consumen 5% de la energía eléctrica; la industria petrolera 6%, fundamentalmente por la autogeneración; la residencial general con dos millones 400 mil usuarios consume 6%; el sector oficial utiliza 14% con 118 mil usuarios; la residencial alto consumo con 925 mil usuarios consume 14%; industrias básicas 27% con 358 usuarios; y el sector comercial, industrial y servicios 28% con 597 mil usuarios".

Insistió en que este pliego "no impactará a los sectores sociales ni las actividades medulares. Se les aumentará a los que más consumen" porque tienen dinero para cubrir el dispendio que hacen de ese recurso energético y porque no tienen conciencia ambiental de su ahorro.

Se conoció en fuentes del sector que "80% del número de suscriptores son sociales y residenciales generales; esos 80% consumen 25% de la energía. 20% restante (industrias, comercios y residencial de alto consumo) absorben 75% del total".

"En cualquier esquema tarifario a escoger", se dijo, "hay que considerar que el ajuste debe estar dirigido a esos 20% de consumidores. Estamos tratando un mecanismo diferenciado. La idea es bajar la demanda y al mismo tiempo lograr que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) sea autosustentable financieramente, pues las pérdidas son importantes".

Producción y tarifas
Estos anuncios oficiales coinciden, en el caso específico de la industria pesada al sur del país, con el Plan Socialista Guayana que establece en sus páginas un cambio drástico en la concepción operativa, gerencial y laboral de esas factorías de producción continua, con el fin de revertir la contracción que muestran hoy sus cifras. Según el BCV, durante el segundo trimestre del año la fabricación de metales cayó en 30,1%. Y remontar la cuesta podría verse obstaculizado por un ajuste tarifario en el suministro eléctrico; más si en estos planes se prevé construir la Siderúrgica Nacional y ampliar otras líneas de producción ya existentes en aluminio y hierro.

La manufactura presenta también una disminución de 8,5%. De plantearse un aumento deberán procurarse el abastecimiento de energía eléctrica.

Mariela León
EL UNIVERSAL