Desde la entrada en vigencia de la Constitución Nacional se ha estado esperando que la Asamblea Nacional discutiera y sancionara la Ley del Consejo Federal de Gobierno. Ahora se discute y fue aprobado en primera discusión un proyecto de ley violatorio de la Constitución, mediante el cual se inventan órganos inexistentes en la composición político-territorial del país y, por si fuera poco, se pretende no apoyar la descentralización ni la transferencia de competencias hacia estados y municipalidades.

La propia Carta Magna señala con claridad que el Consejo Federal de Gobierno "es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones del Poder Nacional a lospara el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias Estados y Municipios". El primer artículo del proyecto de ley en discusión viola tal disposición constitucional. La razón de ser del Consejo Federal de Gobierno es el apoyo al proceso de descentralización. El proyecto no señala que el objeto de este nuevo ente es el apoyo a la descentralización. Por el contrario, y como si se hubiera aprobado la reforma rechazada por el pueblo venezolano a la Constitución, el proyecto convierte al Consejo Federal de Gobierno en un ente de apoyo a la recentralización del país y al Gobierno Nacional, en un órgano, no de coordinación, sino de control a las entidades federales.

Aquellas entidades regionales que propuso Chávez en el texto de la malsana reforma constitucional rechazada por el pueblo, las que iban a ser encabezadas por unos viceministros regionales, son creadas con todo y sus vicepresidentes, al margen de la Constitución vigente. Mediante esta ley, que está prevista para apoyar a gobernadores y alcaldes electos por el pueblo en todo el país, se pretende crear autoridades de rango superior a los gobernadores, los vicepresidentes regionales (designados a dedo por el Presidente), para concentrar y centralizar más el poder y atentar contra el proceso de descentralización.

Cada día le estorba más a la revolución y al Gobierno Nacional la existencia de gobernadores y alcaldes electos. En este nuevo texto se quiere volver a hacer lo que se hizo con la creación del Distrito Capital, que le arrebató competencias a la Alcaldía Metropolitana y se designó su autoridad no por elecciones directas, secretas y universales, sino por el dedo presidencial.

La ambición de controlarlo todo desde la cumbre del poder nacional carece de límites. El Presidente ni siquiera propondrá al Consejo Federal de Gobierno la creación de las regiones, las mismas que propuso en la reforma y que no logró que el pueblo aprobara. El Presidente en consejo de ministros será quien decidirá sobre la creación y organización de estas súper regiones que la ley denomina "Regiones Federales de Desarrollo". Luego de creadas, el propio Presidente procederá a nombrar a los vicepresidentes regionales por encima de los gobernadores de estado que eligió el pueblo venezolano, violándose así de nuevo la Constitución.

El texto constitucional señala que debe procederse a descargar competencias hacia las gobernaciones y alcaldías desde el poder central. Ellos agregan en el proyecto de ley las vicepresidencias y las comunas, como entidades territoriales que no existen en la Constitución y es a ellas a las que pretenden dotar de competencias y recursos, desmejorando a las entidades territoriales constitucionales.

Se crea un Fondo de Compensación Territorial. La intención del constituyente fue crearlo para que mediante estos recursos se compense a los estados más pobres y se equilibren ingresos para realizar un desarrollo armónico del país, lo cual resulta más que justo. Pero el proyecto incluye en ese fondo a los vicepresidentes regionales inconstitucionales para manejarlos.

El proyecto, ya aprobado en primera discusión en la AN, es de los textos más peligrosos que hayan sido presentados y ha sido redactado con especial meticulosidad; ningún detalle se dejó por fuera para que el futuro Consejo Federal de Gobierno sea un órgano al servicio del Ejecutivo Nacional y no de los estados y municipios. Viola la descentralización y la división político-territorial de la república, otorga al Presidente más competencias, viola el principio de la elección popular de cargos públicos e irrespeta la voluntad popular expresada al negar la reforma constitucional que contenía la creación de las súper regiones.

Mientras el debate opositor está centrado día y noche en la forma para seleccionar a los futuros candidatos unitarios a diputados, elecciones para las que falta un año, el Parlamento avanza en darle inconstitucionalmente al Presidente poderes absolutos que acaben con la descentralización. Están creando el Consejo Central de Gobierno.

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