Ciudad Guayana.- El reporte oficial de 22 mil 401 casos positivos de paludismo confirmados en el estado Bolívar durante 2009 y la declaración de situación de "epidemia" en la entidad propician que el contralor malárico regional, Ricardo Alcalá, exija a las autoridades del Ministerio para la Salud intervenir la gerencia epidemiológica local con carácter de urgencia.

Para el denunciante, que asegura haber sido despedido de la Dirección de Epidemiología regional por denunciar la falta de atención para con la casuística malárica, en la entidad no se ejecutan planes que permitan frenar la proliferación del mosquito transmisor de la patología manifestándose la incapacidad par atender el incremento de los casos de malaria.

"En años anteriores se abatizaban por lo menos unas seis mil casas en todo el estado, hoy el desastre epidemiológico que se vive en Bolívar responde a que hoy en día no llegan ni a 500 las casas rociadas en todos los 11 municipios del estado y por eso es que cada semana sigue aumentando la casuística", apuntó Alcalá.

Los señalamientos se desprenden de lo revelado en el boletín de la semana epidemiológica 41 en el que se explica cómo el estado Bolívar reportó 759 de los 791 casos autóctonos de paludismo registrados en Venezuela.

En siete parroquias del país se concentra el mayor número de casos y de manera consecutiva las siete parroquias pertenecen a Bolívar. San Isidro (416 casos), Dalla Costa (191), Pedro Cova (89), Ikabarú (25), Barceloneta (21), Tumeremo (25), Aripao (6) son las parroquias más perjudicadas con la enfermedad.

Paludismo y minería Se señala además cómo las estadísticas siguen en repunte en las zonas donde tradicionalmente se desarrolla la minería artesanal e ilegal, lo que según Alcalá no se justifica "cuando precisamente el Gobierno ha declarado cerrado 80% de las zonas mineras, pero aun así esta actividad sigue teniendo que ver con el desastre malárico en el que nos encontramos", dijo.

Para Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Científicas y Ecológicas de Venezuela (CIEV), la actividad minera es responsable del incremento, en lo que va de año, de más de 40% de la casuística malárica regional en relación con el pasado año.

Lanz detalla que las mínimas condiciones de salubridad que se registran en los campamentos mineros inciden en la proliferación del vector transmisor y por ende el aumento de los casos de paludismo.

"No se trata sólo de su propio contagio por la manipulación de aguas sucias y el constante contacto con lodo y barro sino también que al salir infestados de las zonas mineras y compartir en la ciudad propagan la enfermedad por todas las zonas vulnerables de la región" dijo.

Sailú Urribarrí
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL