El Servicio Jesuita a Refugiados-Venezuela (SJR-Venezuela) denunció en su más reciente boletín divulgativo que la modificación de la Ley de Timbres Fiscales, que entró en vigencia en junio, violenta el derecho de asilo -consagrado como derecho humano en la Constitución venezolana- al exigir el cobro de dos unidades tributarias para la tramitación de cédula de identidad a los refugiados.

El boletín precisa que no fue sino hasta el pasado septiembre que se le aplica esta ley a los refugiados reconocidos por el Estado venezolano.

"En la práctica, una vez obtenido el reconocimiento por parte del Estado a la condición humanitaria de refugio, la Comisión Nacional para los Refugiados oficia al Saime para la cedulación correspondiente", en el entendido de que los refugiados "gozarán plenamente de sus derechos sin ningún tipo de obstáculo".

El SJR-Venezuela rechaza la aplicación de la ley "por considerar que vulnera el derecho de los refugiados a la identidad y además contraviene el ar- tículo 3 de la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (Lorraa) en cuanto a la gratuidad en el procedimiento".

Instan al Saime a que "resuelva en el menor tiempo posible esta contradicción legislativa a favor de los más vulnerables, los refugiados", se lee en la publicación.