Si la línea maestra del régimen es Patria, Socialismo o Muerte, puede combatir con éxito la inseguridad? ¿Hay voluntad política para el desarme de la población, la recuperación de los espacios públicos y enfrentar la delincuencia en los barrios y al crimen organizado? ¿Por qué las autoridades insisten en el tema de los paramilitares, e ignoran la activa presencia de los grupos guerrilleros? ¿Entrega el Gobierno soberanía en la frontera, el Alto Apure-Barinas y el 23 de Enero? La única manera de explicar esta pérdida del sentido de la realidad es porque se acoge, con fe ciega y antidemocrática, el poder estratégico de la violencia.

Toda ideología, si no se dispone de los pesos y contrapesos característicos de la división de poderes, termina tarde o temprano contaminada por procesos autoritarios y la izquierda radical actúa, a través de motorizados, en acciones de guerra contra personas e instituciones, atentando contra el Estado de Derecho y el principio de absoluto respeto a las minorías y en especial el sentido común. Por ello no hay un territorio de dudas sino de certezas, la pirámide judicial criminaliza a la disidencia política, y en cambio es permisiva con los abusos de poder y la delincuencia de quienes se dicen simpatizantes del régimen. En resumen, la atmósfera es de indiscutible impunidad.

Por eso el empeño en sabotear las relaciones enriquecedoras entre el gobernante y los gobernados, privilegiando la herramienta esencial del conflicto permanente, que destruye en sus propias raíces la gobernabilidad y la dialéctica de la convivencia. El discurso agresivo y los hechos legitiman la violencia y es imposible extraer de tanto conflicto voluntad política para combatir atracos, secuestros y homicidios. Las encuestas son una sentencia, al revelar que el 87% de la población considera que, a pesar de la gravedad de los problemas de salud, electricidad y agua, la inseguridad afecta de manera integral a toda la familia venezolana.

¿Se puede afirmar que la explosión delictiva es un simple resultado del capitalismo? En realidad hay una criminalidad que tiene su origen en la pobreza, pero hay otra que se incuba en la riqueza expuesta a los cuatro vientos y la soberbia de muchos personeros vinculados con la izquierda radical. La masacre del Táchira, sean paramilitares o guerrilleros, demuestra que un porcentaje de nuestro territorio es tierra de nadie.

La ideología pretende esconder: primero, que no se ha efectuado la depuración de los Cuerpos Policiales y su eficiente coordinación; segundo, que se alegan absurdos para no ejecutar un plan nacional de desarme; tercero, que están en el abandono importantes espacios públicos; cuarto, que no hay una participación práctica y novedosa de las comunidades, para producir respuestas rápidas y la delincuencia desbordada. La vía es la realización de talleres, escuchar a los ciudadanos mediante la participación en Mesas de Seguridad, como las que está desarrollando la Alcaldía de Baruta, formando además nuevos contingentes de policía, adquiriendo equipos y desarrollando programas preventivos. El ciudadano tiene que ser protagonista de su propia seguridad.

Lo cierto es que si la sociedad da un paso al frente, se organiza y muestra solidez, la criminalidad retrocede, la corrupción disminuye y los abusos de poder pasan a ser la excepción y no la regla. Mientras tanto el crimen organizado dispone de estructuras, jerarquías, cohesión, planificación y logística, abarca las interioridades del poder e incluso se internacionaliza: drogas, legitimación de capitales, bienes en el exterior y conexiones mafiosas con determinados países.

Así como el crimen organizado revela su poder vertical y horizontal, tiene capacidad de corrupción, maniobra y retaliación, también la sociedad debe planificar su seguridad de forma dinámica, fortaleciendo de manera progresiva sus acciones, impidiendo el bloqueo de los mecanismos de control. Cómo negar las bandas en los barrios y el crimen organizado, ante la información de los medios de comunicación, los expedientes policiales bien o mal elaborados, las declaraciones de los vecinos y las encuestas, que son una radiografía de los sentimientos profundos del pueblo y de las prioridades sin resolver.

En Venezuela se vulneran las normas constitucionales en materia de Derechos Humanos, hay intolerancia hacia la disidencia política y excesiva pasividad ante la delincuencia. La confianza pública está gravemente afectada por la ejecución en secuencia de graves hechos delictivos, cuya persecución y castigo son insignificantes. La violencia jamás puede ser la línea estratégica de ningún gobierno.

juanmartin@cantv.net