Venezuela, dentro del concierto de las naciones de la Tierra, no está exenta de los desajustes climáticos que aquejan al planeta. De allí que es necesaria su posición categórica frente a las causas y consecuencias del calentamiento global.
La ubicación del país al norte de la América del Sur hace prever futuros eventos naturales como los que ya han ocurrido, pero que tenderán a incrementarse debido a los desequilibrios atmosféricos, entre otros, inundaciones como el resultado de fuertes precipitaciones, deslaves de faldas de montañas por la saturación hídrica del suelo motivado a fuertes aguaceros de gran duración y vientos huracanados durante las estaciones de lluvias, entre junio y noviembre.
Esto hace que el país esté llamado a desarrollar una vigorosa acción diplomática en procura de la defensa de su seguridad ambiental, en defensa de los derechos de su población y biodiversidad, y la cual debemos acompañar los venezolanos sin distingos de ideologías y creencias, porque debe prevalecer nuestra responsabilidad como ciudadanos de Venezuela y del mundo, de resguardar celosamente los santuarios naturales de los que depende la salud de todo el Globo.
Por lo tanto, hay que mencionar el trabajo diplomático que Venezuela está efectuando en el escenario internacional, no solo en el foro mundial de la ONU sino en los ámbitos regionales de Unasur como anteriormente hemos reseñado y el del ALBA. Con respecto a éste, el 17 de octubre en Cochabamba, Bolivia, se firmó un acuerdo de gran proyección y trascendencia, porque fija posición ante el problema climático en un contexto más completo e integrado.
Se señala en el acuerdo la deuda climática que tienen los países desarrollados con los países en desarrollo, en el marco de una deuda ecológica más amplia, por su responsabilidad histórica de emisiones y por las acciones de adaptación que estamos obligados a realizar a causa del calentamiento global que ellos han ocasionado. Esta deuda climática, se sostiene en el documento, debe ser reconocida y honrada a través de las disposiciones del régimen vigente de cambio climático, mediante reducciones sustanciales en sus emisiones domésticas de gases de efecto invernadero que se determinen en base a la porción de las emisiones globales requeridas por los países en desarrollo para lograr sus necesidades de desarrollo económicos y sociales, erradicar la pobreza y lograr el derecho a desarrollo, cumpliendo con sus compromisos para una efectiva transferencia de tecnología y estableciendo garantías en la provisión de recursos financieros adicionales y necesarios de forma adecuada, previsible y sostenible, enfatizando que los requerimientos para la adaptación de los países en desarrollo se han incrementado como consecuencia de la crisis ambiental y destacando que nuestros países requieren de este pago de la deuda climática para posibilitar sus acciones de mitigación.
Por ello es necesario que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Copenhague a fines de año, los países desarrollados, en el marco del protocolo de Kyoto, deben adoptar compromisos significativos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y aprobar mecanismos de compensación para los países que preservan, protegen y conservan sus bosques.
Rector de la Universidad Bicentenaria de Aragua
gerardoguarismauba@gmail.com
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